El control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de la Administración pública para el reconocimiento de derechos de la persona
Resumen
La convencionalización de los ordenamientos jurídicos hace que todos los operadores, entre ellos especialmente el Poder Ejecutivo, acudan a los textos y principios constitucionales y convencionales para fundar sus decisiones. Bajo este nuevo escenario, en el que la Administración pública es también principalmente un intérprete de la Constitución, es que se propone repensar los alcances del control de constitucionalidad de leyes y reglamentos por parte del Poder Ejecutivo, siempre teniendo en cuenta su meta última: la protección de la persona humana como fundamento, centro y fin del ordenamiento jurídico. El presente trabajo propone un análisis de la posición del Poder Ejecutivo Nacional frente a leyes y reglamentos inconstitucionales e inconvencionales desde la postura de la doctrina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Fiscal de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación.
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