Entre celeridad y garantías: la riesgosa idealización de la inteligencia artificial en el sistema de administración de justicia peruano
DOI:
https://doi.org/10.26422/ridh.2026.1601.cirPalabras clave:
inteligencia artificial, administración de justicia, transparencia, derechos fundamentales, sistemas sesgados, debido procesoResumen
El mundo atraviesa una revolución digital, un proceso en el que todos los países buscan implementar el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en diversos aspectos de la vida cotidiana, incluida la administración de justicia. En este escenario, muchos países actúan con premura para su utilización, sin una legislación adecuada y efectiva que prevenga sistemas sesgados y promueva su transparencia, dado que una falta de regulación robusta y sistemas de IA sesgados pueden repercutir negativamente en el goce de derechos fundamentales. Es así como el presente trabajo, tras un análisis general del motivo y los riesgos que provienen del uso de la IA, se analiza la incorporación de estas herramientas en el contexto peruano, confirmando que la regulación peruana vigente es escasa y las iniciativas legislativas en debate siguen siendo insuficientes para que las herramientas de IA en materia judicial sean correctamente reguladas. Ahora, el hecho de contar con una normativa robusta no excluye que tanto factores internos, propios de los sistemas de IA, como factores externos puedan influir negativamente en las decisiones o los resultados que produzca su utilización. En un país como el Perú, la corrupción es aquel fenómeno que reviste todo el entorno estatal, incluyendo el sistema de administración de justicia. En ese escenario, el uso de herramientas de IA puede solucionar la carga procesal y la eficacia del sistema judicial, tanto como agravar vulneraciones a derechos fundamentales y humanos. Por ende, antes de buscar implementar herramientas con las que no estamos preparados para lidiar, se deberían centrar los esfuerzos en buscar solucionar las debilidades institucionales y estructurales. Solo así será posible reducir los casos por vulneraciones producto de dichas problemáticas, reduciendo la sobrecarga procesal y eliminando el argumento que utilizan nuestras autoridades para la implementación de herramientas IA.
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