El fallo Cosani y una revisión del alcance del principio de legalidad administrativa

Resumen

El presente comentario no sienta —ni podría hacerlo— verdad definitiva alguna. No tiene por objeto más que llamar a la reflexión sobre algunas aristas que permitan revisar posiciones asumidas como definitivas, posibilitando un mejor análisis de las decisiones administrativas y judiciales, de cara a las demandas de la ciudadanía por una mayor eficacia y defensa efectiva de los intereses de los administrados. La propuesta se limita a aquellos casos en los que se encuentren vulnerados derechos esenciales de las personas físicas, pues importa una relectura del principio de legalidad a la luz de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados de derechos humanos incorporados con tal rango por el art. 75 inc. 22, en atención a la obligación de tomar medidas de acción positiva que surge del art. 75, inc. 23. Tal entendimiento es el que ha asignado la CIDH al sostener que la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación alcanza a todos los poderes del Estado y a los particulares, por lo que esta obligación recae tanto sobre situaciones discriminatorias derivadas de acciones u omisiones de los poderes públicos como frente a aquellas que tienen su origen en el comportamiento de los particulares.