Austral Comunicación
ISSN (e) 2313-9137 ISSN (I) 2313-9129
Volumen 8, número 1 - Junio de 2019
El regreso de las víctimas: reconfiguraciones en el procesamiento público de la inseguridad en la actual coyuntura política nacional (2016-2017)
Santiago Galar
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
Brenda Focás
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ‒ Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín.
Recibido: 14 de marzo de 2019.
Aceptado: 17 de mayo de 2019.
Resumen
La presidencia de Mauricio Macri, al menos hasta el momento, parece sentirse cómoda hablando de inseguridad. Esta comodidad se contrapone a lo sucedido durante los gobiernos deNéstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), cuando la marginación de la inseguridad en su agenda contribuyó a restarle peso en el debate público. Constituyen expresiones de esta renovada centralidad el proyecto en boga para endurecer el Código Penal (que, entre otros cambios relevantes, ofrece un lugar nuclear a las víctimas en el proceso judicial) y la promoción del uso letal de la fuerza policial. En este contexto, el presente trabajo se propone examinar, a partir del análisis del tema en la prensa nacional y de la participación en acciones colectivas en demandas de seguridad, la nueva centralidad otorgada a ciertas víctimas del delito, algunas de las cuales directamente pasaron a formar parte del armado de Cambiemos, como la actual legisladora Carolina Píparo o los miembros de la organización oficialista Usina de Justicia.
Palabras clave: víctimas, inseguridad, medios de comunicación, espacio público.
The return of the victims: reconfigurations in the public assessment of insecurity in Argentina’s current political climate (2016-2017)
Abstract
Mauricio Macri’s administration, for the time being, appears to feel comfortable discussing the topic of insecurity. In contrast, the administrations of Nestor Kirchner (2003-2007) and Cristina Fernández had marginalized the issue from the political agenda and, in doing so, sidelined it from the public debate. Now that the topic is under the spotlight, new political expressions have emerged, including a project to harshen the Penal Code (by, for example, placing victims at the center of the judicial process) and the promotion of lethal police force. In this context, we examined the new centrality given to crime victims, thanks to increased press coverage and their participation in collective security demands. Indeed, many of these victims are now part of the current government, such as legislator Carolina Píparo and the members of the Usina de Justicia organization.
Keywords: victims, insecurity, media, public space.
O retorno das vítimas: reconfigurações no processamento público da insegurança na atual conjuntura política nacional
Resumo
O governo de Mauricio Macri, pelo menos por enquanto, parece à vontade falando sobre insegurança. Esse conforto se opõe ao que aconteceu durante os governos de Néstor Kirchner (2003-2007) e Cristina Fernández (2007-2015), quando a marginalização da insegurança na agenda do governo ajudou a reduzir o peso no debate público. O projeto em voga para modificar o Código Penal (que, entre outras mudancas relevantes, oferece um lugar nuclear às víctimas no processo judicial), a recepção na Casa Rosada de policiais que ilegalmente matam criminosos, a retirada de fundos do Ministério da Educação para redirecioná-los ao portfólio de segurança e políticas públicas voltadas à criminalização do espaço público, são expressões dessa centralidade renovada. Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar, a partir da análise do tema na imprensa nacional e da participação em ações coletivas em demandas de segurança, uma nova centralidade concedida a certas vítimas de crime, alguns dos quais diretamente se tornaram parte do armamento de Cambiemos, como a atual legisladora Carolina Píparo ou os membros da parceria oficial Usina de Justicia
Palavras-chave: vítimas, insegurança, mídia, espaço público.
Introducción
Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), al menos hasta el momento, la inseguridad figura en las encuestas de opinión pública como segunda o tercera preocupación de la ciudadanía. En la cima se ubican los problemas económicos e incluso para algunas consultoras el malestar por la corrupción supera al generado por la inseguridad. La ciudadanía parece no estar tan preocupada por los índices delictivos como en la década anterior, durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Sin embargo, el tema se mantiene entre los más relevantes y es manifiesta su constitución como un tópico estable tanto en la agenda pública como en la política y mediática.[1]
El gobierno de Cambiemos evidencia una notable comodidad a la hora de hablar y accionar sobre la inseguridad vinculada con el delito urbano, pero también sobre el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, temas que incorporaron con relativo éxito dentro de la agenda securitaria. Esta comodidad se contrapone a lo sucedido durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), cuando la marginación de la inseguridad como asunto prioritario de gobierno contribuyó a restarle peso en el debate público (Sozzo, 2016).Constituyen expresiones de esta renovada centralidad el proyecto en boga para endurecer el Código Penal (que, entre otros cambios relevantes, ofrece un lugar nuclear a las víctimas en el proceso judicial) y la promoción del uso letal de la fuerza policial.[2] La jerarquización de la inseguridad acerca a la alianza gobernante con su electorado, le permite mostrarse “del lado de la gente” en un contexto de severa crisis económica. El ideal de que las víctimas deben ser protegidas y sus voces, expresadas ‒expuesto por Garland (2005) en su análisis sobre el contexto anglosajón de hace una década‒ se visibiliza con claridad en la Argentina gobernada por Cambiemos.
En este contexto, el presente artículo pretende analizar una nueva centralidad otorgada a algunas víctimas del delito como una expresión de las reconfiguraciones en el procesamiento público de la inseguridad producidas en la coyuntura política nacional abierta con el ascenso de Cambiemos al poder. Con tal fin, nos propusimos seguir las intervenciones públicas de ciertas víctimas que, sin conformar un colectivo institucionalizado ni poseer un nombre que las identifique, actúan colectivamente en el espacio público. Analizamos integradamente diversas escenas públicas del grupo, entre las que se incluye una concentración en las inmediaciones del Congreso de la Nación organizada en 2016 por él bajo el eslogan “Para que no te pase”. El período de análisis llega hasta la aprobación en 2017 de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos 27.372, también conocida como “Ley de Víctimas”, promovida por el mismo grupo, que en parte recoge algunas de las demandas presentadas durante la manifestación llevada a cabo en 2016. De esta manera, nos proponemos caracterizar la práctica pública de estas víctimas y estos familiares de víctimas de la inseguridad durante los primeros años del mandato de Macri, entre enero de 2016 y julio de 2017. En ese período, la agrupación a la que hacemos referencia logró una fuerte interlocución con el gobierno, con la que obtuvo una destacada visibilidad pública.
Para el presente análisis retomamos elementos de la perspectiva de la sociología de los problemas públicos, en tanto resulta productiva para dar cuenta de los movimientos de los actores en la arena pública. Con espacio público nos referimos al punto de intersección entre diversos campos sociales, comprendido por acciones realizadas con el objetivo de que sean “vistas y oídas” (François y Neveu, 1999). Esta definición, en sintonía con los planteos pragmatistas, enfatiza tanto la configuración de públicos como los modos como ellos legitiman y a través de los cuales disputan la posibilidad de ser vistos y oídos. Así entendido, el carácter público de un acontecimiento entra en el registro de la acción pública, concebida como toda experiencia realizada para ser vista y oída, que moviliza referencias al bien común y es conformada por una serie de ámbitos en los cuales interactúan múltiples actores, instituciones y prácticas (Schillagi, 2011). Las interacciones entre diversos campos sociales son eminentemente conflictivas. En este entramado, los medios de comunicación son actores importantes, aunque no omnipotentes, en la configuración y el sentido que se otorga a ciertos acontecimientos que adquieren publicidad. Concretamente, en el trabajo reconstruimos procesos vinculados con la presencia pública de las víctimas y sus familiares a partir de un registro de prensa gráfica nacional, el análisis de redes sociales (principalmente videos publicados en la plataforma YouTube) y la realización de observaciones en la marcha “Para que no te pase”, desarrollada en 2016.[3] La elección de las fuentes responde a nuestro interés por dar cuenta tanto de la diversidad de intervenciones de los actores en el registro público, como del sentido que otorgan a sus acciones. El análisis de las prácticas concretas sostenidas por ellos permite visualizar características de sus intervenciones públicas, formas de poner en juego la legitimidad detentada en tanto víctimas y valoraciones mediante las cuales constituyen sus identidades. Con estos recursos, intentamos describir los procesos sociales puestos en juego en cada contexto, a través de diferentes instancias de interpretación directa de los datos y procesos de agregación y construcción de categorías, establecer correspondencias y definir recurrencias.
El recorrido de este artículo intenta evidenciar los modos como ciertas víctimas del delito, en tanto actores sociales legitimados, fueron posicionándose en un lugar privilegiado del espacio público político. En un primer apartado, reconstruimos la centralidad adquirida por las víctimas en Occidente en las últimas décadas. En el segundo apartado, damos cuenta particularmente de cómo estos procesos de adquisición de centralidad y legitimidad se configuraron en el espacio público argentino. En un tercer apartado, repasamos y analizamos diversas escenas públicas en las cuales el grupo de víctimas que estudiamos adquiere un lugar destacado, y prestamos especial atención a los sentidos que otorgan a sus prácticas y demandas. Finalmente, compartimos algunas reflexiones que sintetizan, por un lado, algunos procesos que favorecieron la centralidad de este colectivo y, por otro, el carácter novedoso de esta dinámica en el contexto político local.
Centralidad cultural de las víctimas en Occidente
Desde los setenta, la figura de la víctima adquirió relevancia en el discurso público de los países occidentales centrales. Las víctimas adquirieron fuerza simbólica y representativa, mientras que el ofensor se transformó en una figura fácilmente demonizada. A partir de esa época comenzó a otorgarse un lugar privilegiado a las víctimas en detrimento de la atención hasta entonces ostentada por el delincuente, la ofensa y el proceso judicial penal (Cohen, 2002). La víctima del crimen, según Garland (2005), se constituyó como un personaje cuya experiencia dejó de ser individual y atípica para pasar a ser presentada como general y colectiva. Este proceso corrió en paralelo a la paulatina apertura de la discusión pública sobre el delito a diferentes actores, incluidas las víctimas y sus familias.
En la figura genérica de la víctima, cercana al ideal definido por Christie (1986), subyace una pluralidad de formas que complejizan la categoría. Desde un enfoque constructivista, Best (1999) destacó diversas categorías que emergieron en Estados Unidos desde los setenta. Mujeres violadas en el marco del matrimonio o personas atropelladas por conductores alcoholizados constituyen ejemplos de estas nuevas víctimas, cuyo sufrimiento obtuvo la atención solidaria del público. Best refiere formas de victimización con trayectorias previas, que no constituían una novedad, cuyos damnificados alcanzan5+ reconocimiento como víctimas al ingresar en el espacio público. La ideología contemporánea de la víctima ofrece una fórmula de la cual apropiarse para sostener los más variados reclamos, que por esta vía se tornan incuestionables.
El ascenso de las víctimas en Occidente se vincula con tendencias de carácter estructural. Castel (2003) destaca la relación entre la preocupación por el delito, que desemboca en políticas públicas, y una sensibilidad generalizada al riesgo, según la cual el futuro es asociado a una amenaza creciente. Bauman (1999), por su parte, describe la modernidad como una experiencia inestable, líquida, caracterizada por la erosión de los sistemas de seguridad que protegían al individuo. En esta dirección, Garland (2005) se refiere a una nueva experiencia cultural del delito que se estructura como un tejido que entrelaza mentalidades y sensibilidades colectivas con términos que en la modernidad tardía la representan públicamente.
La proyección política de las víctimas se transformó en un eje estructurante del debate penal contemporáneo y su incidencia en la conformación de un nuevo sentido común penal resulta evidente. Garland (2005) destaca la potencia de su imagen proyectada y politizada, en tanto dejan de ser un producto oculto del delito para ser exhibidas por actores políticos y mediáticos que explotan sus experiencias. Los intereses y sentimientos de las víctimas, concretas y potenciales, se invocan rutinariamente para producir medidas de segregación punitiva. Sus sentimientos deben ser expresados y la ciudadanía debe ser protegida. Para Simon (2012), de hecho, aunque no siempre se haga referencia a ella de manera explícita, la victimización constituye desde fines de los sesenta el eje de la racionalidad legislativa en Estados Unidos. Se apela a una narrativa de las víctimas que evidencia gran poder de convicción sobre el ciudadano tipo.[4]
El ascenso cultural de las víctimas fue acompañado en Estados Unidos por la configuración de un movimiento conformado por ellas. Hasta los sesenta, se organizaban en grupos que operaban silenciosamente en los márgenes de lo público. Se desarrollaron por entonces las primeras campañas por “ley y orden”, iniciativas en las cuales las víctimas demandaban atención y endurecimiento penal. En su proceso de politización, reinterpretaron en clave conservadora los movimientos por la ampliación de derechos civiles que se desplegaban en paralelo. La corriente se nutrió particularmente de la experiencia feminista, que, en la búsqueda de justicia para casos concretos, promovía campañas que socializaban el carácter de víctima en el colectivo de mujeres. Durante esa década se conformaron las primeras organizaciones lideradas por familiares de víctimas. La víctima del delito obtenía entidad propia. En los ochenta, en plena influencia de la derecha conservadora, el movimiento fue descubierto por los medios de comunicación. Las víctimas lograron entonces introducirse en el sistema de justicia penal como símbolos de las políticas neoconservadoras. Esta tendencia de base se transformó poco a poco en una actividad respaldada, incluso subvencionada, por el Estado. El despliegue de este proceso fue facilitado por la relevancia cultural del tercer sector en Estados Unidos y por la particular exaltación de sus virtudes en el contexto del auge neoliberal.
La figura de la víctima activista combina una imagen débil con otra portadora de fortaleza e iniciativa. En ocasiones, esta tensión se supera apelando a la figura del sobreviviente, una víctima que transforma su tragedia personal en lucha por valores colectivos (o que, al menos, supera el dolor para dar testimonio público). Para Pitch (2009), esta condición, antes reservada a las mujeres en su calidad de vulnerables, en la actualidad se ha generalizado. Se ha transformado en premisa que legitima la acción pública, por lo que el empoderamiento aparece, paradójicamente, vinculado con la vulnerabilidad. Exhibir una voz legítima en la posmodernidad implica, para vastos sectores, primero constituirse como víctimas. La apelación a la victimización padecida se ha convertido en una de las modalidades más poderosas para hacerse oír.
El ascenso local de las víctimas
En las últimas décadas, las víctimas del delito se consolidaron en la Argentina como actores con legitimidad para participar en la discusión pública y disputar el sentido de las políticas del Estado. Un factor que favoreció este proceso en el contexto local fue el otorgamiento de legitimidad a la palabra pública de las víctimas de la dictadura cívico-militar, producto de la acción del movimiento de derechos humanos. De hecho, las víctimas del delito en su reclamo público realizaron operaciones de apropiación de discursos, prácticas y símbolos instalados por el activismo de derechos humanos, como, por ejemplo, la denominada marcha de silencio (Cerruti, 2015). Así, al igual que en el contexto anglosajón, se valieron de tradiciones ligadas a las luchas locales por derechos civiles, pero les imprimieron, la mayoría de las veces, un carácter conservador.
Las primeras acciones colectivas motivadas por la inseguridad ocurrieron a fines de los noventa, convocadas por personalidades y organizaciones afectadas de manera más o menos directa, sin convertirse en fenómenos de gran impacto político. Luego de superado lo peor de la crisis de 2001, emergió con fuerza el activismo de las víctimas del delito en la Argentina. El punto de mayor visibilidad fue en 2004 con el “Caso Blumberg”, como se denominó al secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en territorio bonaerense.[5] El padre del joven, Juan Carlos Blumberg, convocó manifestaciones en reclamo de seguridad en la ciudad de Buenos Aires que resultaron inéditas por su masividad, simbolismo y repercusiones. Blumberg difundió un petitorio que obtuvo gran respaldo, puesto que en pocos días fue firmado por más de un millón de personas.[6] El documento contaba con siete medidas muy concretas que, en su mayoría, fueron rápidamente convertidas en ley mediante modificaciones del Código Penal. Estas reformas, por encontrarse íntimamente vinculadas con el activismo de Juan Carlos Blumberg, fueron denominadas por la prensa como “leyes Blumberg”. El caso marcó la irrupción de las víctimas del delito como actores con legitimidad, al tiempo que dejó en evidencia oposiciones y confluencias con otros movimientos, como el de derechos humanos y el que denuncia casos de violencia estatal-policial. Desde entonces, la demanda por seguridad se volvió regular en la zona metropolitana, a la vez que comenzaron a evidenciarse crisis en ciudades grandes, medianas y pequeñas de las provincias.
Al poco tiempo, el movimiento de víctimas organizado alrededor de la figura de Blumberg evidenció tensiones internas que propiciaron su desarticulación. Según reconstruyó Schillagi (2006), en la disputa pública sostenida entre las víctimas se manifestaron desacuerdos sobre los sentidos asociados a la idea de seguridad, lo que favoreció la fragmentación. A partir de entonces, el colectivo continuó con presencia en el espacio público, aunque con menor visibilidad y contundencia por su carácter fragmentario. La temática de la victimización, según la autora, se constituyó en las últimas décadas como un entramado de experiencias con diferentes relaciones con el Estado, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias. En la actualidad, antes que un movimiento de víctimas articulado en torno a líderes indiscutibles y consignas claras, se evidencia un conjunto de familiares de casos, organizaciones, colectivos y referentes con diversos fines, alcances y relaciones.
En términos generales, en la Argentina los discursos de las víctimas no se manifiestan, como en otros contextos, alineados plenamente con discursos punitivos, más allá de que la demanda de mayor dureza penal constituya un elemento indiscutiblemente compartido. Un factor que incide en la asociación mediada con los discursos expresamente punitivos es la poderosa influencia cultural emanada por el movimiento de la lucha por los derechos humanos (Cerruti, 2015). En esta línea, en otros trabajos (Galar, 2017), evidenciamos cierta amplitud del registro discursivo público de las víctimas, que no se apega de manera directa a la matriz conservadora-represiva. En nuestro trabajo de campo anterior, dimos cuenta de que, más que adscripciones claras a las posturas polares de quienes promueven la mano dura y quienes proponen el garantismo, se evidencian posicionamientos híbridos. Sin embargo, esta dicotomía, central en la configuración inicial del problema de la inseguridad, no es reemplazada ni eliminada, sino que se expresa como referencia en el debate público. Más allá de esta diversidad, la demanda por seguridad suele sostenerse en ejes discursivos que demarcan límites y pertenencias, centrados en las figuras de los ciudadanos, la gente o los vecinos. De hecho, la articulación de los colectivos de víctimas es posibilitada en gran medida por la pertenencia a un nosotros que se diferencia de un otros estigmatizado, oposición que habilita las usuales descargas de justicia expresiva.
Finalmente, retomando lo analizado en trabajos previos (Galar, 2018), en el proceso de devenir en figuras públicas, los familiares de víctimas cuentan con una legitimidad de origen, resultado de haber sufrido una pérdida irreparable. Más concretamente, por ser un problema jerarquizado en las preocupaciones sociales, en el que las víctimas representan a la comunidad de ciudadanos de bien, en los casos interpretados en el marco de la inseguridad, esta legitimidad reviste un carácter difícilmente cuestionable. Las víctimas de la inseguridad no constituyen los únicos damnificados presentes en el espacio público, aunque se trata de actores que generan una particular empatía social. Los familiares de víctimas del delito que irrumpen públicamente, así como los sobrevivientes, devienen en propietarios del problema de la seguridad. Entendemos la propiedad como aquella capacidad de ciertos actores de establecerse como enunciadores privilegiados en relación con un tema o problema (Gusfield, 2014). Las víctimas y sus familiares, legitimados en su carácter de afectados directos, representantes de la sociedad victimizada y nuevos expertos en el tema, participan de la discusión y la diagramación de la política de seguridad (Galar, 2017).
Escenas públicas
“Necesitamos que nos miren, que miren a las víctimas”
El 11 de octubre del 2016 un grupo de familiares de víctimas de la inseguridad, bajo el lema “Para que no te pase”, convocó una marcha frente al Congreso de la Nación en contra de la inseguridad, la injusticia y la impunidad. En el spot que el grupo difundió en redes sociales para convocar a la manifestación, protagonizado por víctimas y familiares que usaban una remera con el logo de la iniciativa, se expresaba:
Nosotros, que sufrimos la inseguridad. Nosotros, que padecemos la injusticia. Nosotros, que sufrimos la impunidad y la volvemos a padecer en cada nuevo caso que sigue sucediendo. Nos unimos para que a vos no te pase lo que nos pasó a nosotros. Porque creemos que esto puede y debe mejorar. Por una Argentina mejor para nuestros hijos. Para vos, para todos. Para que no te pase, te convocamos el 11 de octubre a las 18 horas en el Congreso. Basta de inseguridad, de injusticia e impunidad (Fundación Alameda, 6 de septiembre de 2016).
A más de una década del fenómeno Blumberg, al cual nos referimos anteriormente, la cuestión de la inseguridad volvió a convocar una marcha en el Congreso de la Nación, ciertamente no tan masiva como la realizada en 2004, con réplicas más modestas en algunas ciudades provinciales como Mar del Plata, Tucumán y Mendoza. Algunas caras visibles, referentes de la iniciativa, eran Carolina Píparo,[7] quien había sido baleada en una salidera bancaria en La Plata; Jimena Adúriz, madre de Ángeles Rawson,[8] una adolescente asesinada en Palermo por el portero de su edificio, y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey,[9] el joven muerto en el choque de un tren en la estación de Once. Matías Bagnato,[10] sobreviviente de la Masacre de Flores de 1994, en la cual resultaron víctimas sus padres y hermanos, y otro de los referentes, comentó a la prensa sobre el grupo:
Hace años que venimos trabajando en distintas ONG y presentando proyectos que no prosperan. Necesitamos que nos miren, que miren a las víctimas. Por eso nos pareció buena la idea de trabajar juntos. Somos de distintas épocas, de muchos años, pero todas las muertes tienen algo en común: eran evitables (Familiares de víctimas, unidos contra el delito y la impunidad, 7 de septiembre de 2016).
Aquel día de octubre de 2016, frente al escenario montado de espaldas al Congreso de la Nación, los familiares de las víctimas que respondieron a la convocatoria alzaron carteles y pancartas de todo tamaño y color, en las que se destacaban grandes fotografías impresas, los nombres de las víctimas y de sus asesinos. “Justicia por Lety. Basta de impunidad. Ley Vial ya”, “Pilar presente”, “Basta de muertes en la clínica del horror de Quilmes”, “Kevin, estamos con vos”, eran algunas de las decenas de consignas que competían por la atención de las cámaras televisivas y los reporteros gráficos.
La variedad de las víctimas convocantes a la manifestación y presentes en el Congreso refleja la amplitud que en la última década adquirieron la inseguridad y el problema público al cual esta hace referencia. La inseguridad quedó instalada como una categoría descriptiva que permite dar sentido a hechos que tienen diferentes relaciones con la cuestión delictiva. Se trata de víctimas y familiares de muertos a causa de las mafias, el delito urbano, la corrupción (estatal o empresarial), la violencia machista, los conflictos interpersonales, la irresponsabilidad vial, entre los que hay jóvenes baleados en los barrios del conurbano bonaerense, personas de clase media-alta asaltadas en barrios acomodados, policías caídos en cumplimiento del deber y niños atropellados. Se presentan como víctimas de “hechos evitables”, señalan al Estado como el agente que debería haber evitado las muertes y, en el peor de los casos, tendría que procurar reparar el daño. Este proceso de ampliación de la categoría, por citar un ejemplo, también resulta evidente en la cuestión de la violencia institucional. Siguiendo a Perelman y Tufró (2017), la identificación de un hecho como de violencia institucional implica en la actualidad una serie de reconocimientos sociales, políticos y jurídicos de peso para su visibilización en la lucha por justicia y otras formas de reparación. En otras palabras, lograr ser reconocidos como víctimas de violencia institucional, más allá de que efectivamente se trate de casos de ejecuciones policiales, otorga a los actores recursos y posibilidades de interlocución con el Estado, y aumenta las posibilidades de acceso a la justicia. Como en el caso de la violencia institucional, la productividad política de la categoría inseguridad se expresa en la ampliación de su contenido referencial y los usos públicos que permiten abarcar una diversidad de problemáticas, cuyos responsables no son necesariamente delincuentes dedicados al delito urbano.
“No es justo tener que mendigar lo que nos corresponde por derecho”
Durante la lectura del documento consensuado por la organización del evento, la idea de la invisibilización quedó subrayada. “Nos convierten en invisibles... somos invisibles para los funcionarios y legisladores”, fue una de las líneas del texto que derivó en un grito reiterado de justicia por parte de los presentes. Luego, un aplauso cerrado coronó la frase “no es justo tener que mendigar lo que nos corresponde por derecho”. Finalmente, tras el pedido de que “las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo”, se oyeron gritos de aprobación y nuevamente la demanda de justicia. En términos de Matías Bagnato, según declaró ante la prensa, “escuchamos millones de anuncios y promesas, ahora queremos respuestas concretas. Pedimos prevenir muertes” (Mañana se celebra en todo el país la marcha “Para que no te pase”, 10 de octubre de 2016).
Estos actores entienden que “por muchos años”, un período que parece coincidir con los gobiernos kirchneristas, a diferencia de las víctimas, los delincuentes lograron obtener derechos y garantías. En este sentido, Carolina Píparo sostuvo durante una entrevista: “Durante muchos años las víctimas estuvimos invisibilizadas y abandonadas por el Estado. A vos te pasa algo e, ingenuamente, pensás que la Justicia iba a estar de tu lado, pero te encontrás con una realidad diferente” (Di Nicola, 8 de octubre de 2016). La invisibilización y el abandono estatal constituyen una situación que se califica como injusta y que, por lo tanto, debe cambiar. De esta manera, una paradoja que emerge en el análisis es que, mientras la literatura muestra que las víctimas han sido hipervisibilizadas a causa del posicionamiento de la inseguridad como problema público ‒o el auge por la preocupación por el delito en Occidente‒, desde la perspectiva de estas víctimas, por el contrario, el Estado se propuso, con éxito, ocultarlas.
En relación con las demandas de los actores, la convocatoria “Para que no te pase” exigió cuestiones tanto definidas como vagas. Entre ellas “prevención y control”, “un registro de víctimas”, “asistencia integral para las víctimas” y “cumplimiento efectivo de las penas”.[11] Los actores demandaban “respuestas concretas”, deseaban “prevenir muertes evitables”, exigían acompañamiento por parte del Estado. Para estas víctimas, según sus expresiones públicas, una manifestación indiscutible de la inseguridad, la impunidad y la injusticia supone el encontrarse en condiciones inferiores a los victimarios, los delincuentes, durante los procesos judiciales sostenidos por jueces garantistas o abolicionistas. Estas demandas, antes que bajo el rosario de la mano dura, se presentaban como un discurso expresado por los ciudadanos, en el marco del estado de derecho y la legalidad.
Sin embargo, a pesar del carácter democrático que intentó expresar la marcha, no faltaron los pedidos de mano dura por parte de asistentes que gritaban cerca del escenario: “¡Que paguen los menores!”, “¡que se pudran en la cárcel!”, “¡basta de arresto domiciliario!” y “¡pena de muerte!”. Estos pedidos eran acallados por coros que clamaban “¡Justicia!” o que entonadamente repetían “Que no te pase”. La apelación a la emotividad que atravesó la manifestación, que en general inunda el universo simbólico de las víctimas, permitió la unificación del reclamo. Un video en pantalla mostraba fotos de los fallecidos, “de aquellos que no pudieron estar”, una acción que solo fue acompañada por expresiones de dolor y el silencio.
Por lo demás, que las expresiones de tono manodurista de los manifestantes no se correspondieran con lo expresado por el grupo de convocantes evidencia una interesante tensión que revela las formas (o las fronteras) adquiridas por el debate público local. Los familiares de víctimas, en términos generales, si bien suelen apoyar sus discursos públicos en planteos propios de la lectura rigorista, también incorporan elementos de una mirada de corte social. De hecho, concretamente, los referentes familiares suelen preocuparse por permanecer distanciados en sus posicionamientos públicos de demandas que pudieran ser etiquetadas como represivas. En este sentido, Carolina Píparo habló ante la prensa acerca de cómo procedió luego de la salidera bancaria que sufrió en 2010, en que resultó muerto su hijo aún en gestación: “Tenía que cuidar cada palabra que decía para que la gente no dijera que era una facha o revanchista”. [12] Luego agregó: “Siempre estamos buscando cómo no estigmatizar al delincuente. Pero nadie piensa en la estigmatización que sufrimos nosotros, las víctimas” (Carolina Píparo: “La culpa no es del médico, él lo hizo en defensa propia”, 1 de septiembre de 2016).
“No es contra el gobierno”
Según Gusfield (2014), en la configuración de todo problema público existen dos tipos de responsabilidades: una causal, que se vincula con el modo como se produjo el problema, y una política, que se asocia con la obligación de quienes deben actuar con miras a solucionarlo. La responsabilidad política aparece como susceptible de ser delimitada si el problema, más que como una mera relación de causa y efecto, aparece como factible de ser transformado. En el análisis de las piezas periodísticas se observan ciertas recurrencias sobre esta cuestión en las intervenciones públicas de aquellas víctimas que se erigían como propietarias del problema de la inseguridad.
Los demandantes, primeramente, apelaban a los ciudadanos, cuya responsabilidad reside en tener que exigir soluciones al Estado. Jimena Adúriz, [13] una de las convocantes, afirmó en este sentido: “También apuntamos al ciudadano común, al que no le pasó. Todos estuvimos del otro lado de la mesa y no pensamos nunca que íbamos a estar acá” (Soriano, 8 de octubre de 2016). Pero, más importante aún, quienes reclamaban hicieron hincapié reiteradamente en que la marcha no era en contra del gobierno. La manifestación aparecían como un reencauzamiento de la esencia ciudadana de “la gente”. Los reclamantes construían su presencia e identidad pública alejándose del reclamo más reactivo, violento e ilegal vinculado con la llamada justicia por mano propia. “Esa es la gran diferencia con Blumberg, a quien respeto muchísimo, pero nosotros no queremos mano dura; queremos Justicia justa”, explicaba Carolina Píparo a los medios de comunicación presentes (Soriano, 8 de octubre de 2016). En contraste con Juan Carlos Blumberg, quien también se hallaba presente en la marcha, más allá de las demandas mencionadas anteriormente, estos convocantes no aseguraban poseer las soluciones a la inseguridad. Los manifestantes apelaban a la política para que reabsorbiera su función de enmendar problemas y a los políticos para que ejercieran su rol de autoridades y expertos. “Sobre planes de seguridad y leyes deberán dar cuenta quienes saben de eso”, “las respuestas tienen que venir de quienes han decidido ocupar lugares de representación”, se excusó ante la prensa María Luján Rey (Soriano, 8 de octubre de 2016). Días más tarde, Rey volvió sobre esta idea:
“Nosotros le [sic] hablamos a los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; porque hay reclamos que tienen que ver con sanción la de leyes [sic], proceso de la Justicia y medidas que tiene que tomar al [sic] Ejecutivo nacional”, afirmó en diálogo con AM La Once Diez. La mujer resaltó que el reclamo es al “Estado” en su conjunto y no al Gobierno actual, “porque el Estado está y los gobiernos pasan y los hechos que nos convocan a los que vemos hoy vienen desde hace años” (Marcha por la inseguridad: “No es contra nadie, es a favor de la vida”, 10 de octubre de 2016).
Resulta interesante, en este sentido, que los convocantes, más que expertos en materia de seguridad pública ‒o propietarios del tema, en términos de Gusfield (2014)‒, se presentaban como expertos en la experiencia (pública y privada) de la victimización. Se evidencia de esta manera una renuncia a la posibilidad de enunciar las soluciones, pero, como veremos más adelante, este proceso corre en paralelo a la incorporación de algunas de estas víctimas al sistema político, espacio ocupado por quienes se presentan públicamente como portadores de las soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía.
“Se dieron las condiciones”
De esta manera, existe un señalamiento crítico orientado al Estado en términos amplios, hacia los tres poderes, que evita las críticas al gobierno de Cambiemos. Carolina Píparo, en este sentido, afirmaba que “si hubiesen estado Scioli o Massa”, candidatos opositores que perdieron las elecciones presidenciales 2015, “sería igual”, el grupo realizaría los mismos reclamos. Sin embargo, desde la perspectiva del colectivo, con el ascenso del gobierno de Cambiemos “se dieron las condiciones” que permitieron darles voz a las víctimas (Di Nicola, 10 de octubre de 2016).
Como adelantamos, ciertas “víctimas de la inseguridad” lograron posicionarse como actores de relevancia, como interlocutores privilegiados, en el debate público sobre la inseguridad. Luego de la marcha realizada bajo el eslogan “Para que no te pase”, al rastrear las representaciones mediáticas, se observa una serie de tácticas de este grupo mediante las cuales lograron consenso para la aprobación de la Ley de Víctimas. El 21 de junio de 2017 fue sancionada esta ley, que confiere derechos y garantías a las personas víctimas de delitos, y fue reglamentada once meses después. Se creó también el Observatorio de Víctimas del Delito, tal como fue contemplado en la norma. Una de las principales novedades es el otorgamiento a las víctimas de delitos del derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o el fiscal interviniente, así como el derecho a recibir asesoramiento y asistencia, tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena. Asimismo, la ley las habilitó a constituirse como querellantes y dispuso la creación de centros de asistencia y protección abiertos las 24 horas, que deben hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la finalización del proceso y el agotamiento de la pena. A su vez, estableció que la autoridad interviniente debe notificarlas sobre las resoluciones tomadas durante el proceso. Finalmente, estableció que quienes hayan sufrido el hecho delictivo puedan demandar la revisión de esas actuaciones. En síntesis, esta normativa constituye una confirmación del avance de las víctimas en el espacio público bajo el amparo gubernamental.
Luego de la aprobación de esta ley, Carolina Píparo dedicó un tuit a su hijo fallecido, en el que declaraba: “Mi chiquito presente, ahora y siempre”. Sergio Massa, diputado impulsor de la ley, también celebró: “Empezamos a terminar con esta locura de que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas. Me alegra que la ley haya sido aprobada por unanimidad. Esto demuestra que se pueden lograr consensos cuando los temas a tratar tienen volumen propio” (Por unanimidad, Diputados sancionó la ley de protección de víctimas de delitos, 21 de junio de 2017). Los medios de comunicación, actores relevantes en la configuración de todo problema público, acompañaron la normativa, tanto en la cobertura y posterior publicación de noticias vinculadas con el tema como a través de sus editoriales. Por ejemplo, Clarín publicó el 6 de junio de 2018:
Durante décadas la sociedad argentina se ha visto conmovida por hechos delictivos de gran resonancia y conmoción, en muchos de los cuales las víctimas pasaban a ser revictimizadas por la falta de una normativa legal que la [sic] protegiera ante tan difícil circunstancia. Con esta reforma se empezaría a terminar con un proceso penal abandónico de la víctima, que la ha constituido durante décadas como la gran ausente en el proceso y que la ha puesto en un doble proceso de victimización: primero al sufrir el delito y luego al sufrir el proceso (Prieto Schorr, 6 de junio de 2018).
En la misma línea, un editorial de La Nación titulado “Oportuna ley para las víctimas” afirmó:
Es innegable el sano espíritu que anima a esta ley que va en auxilio de quienes, hasta el presente, solo han encontrado en los medios de difusión el eco necesario para que sus casos no cayeran en el olvido. Pero el principal riesgo que corre la nueva normativa radica, precisamente, en la burocracia judicial. Sortearla con éxito dependerá de la vocación y dedicación de los futuros defensores públicos de las víctimas, que serán elegidos mediante concurso” (Oportuna ley para las víctimas, 28 de junio de 2017).
De esta manera, en sus líneas editoriales los dos medios gráficos de mayor tirada de la Argentina se pronunciaron a favor de la ley, tomando el mismo discurso que el colectivo de víctimas liderado por Carolina Píparo. Así, los medios de comunicación funcionaron como vehiculizadores y legitimadores de las demandas del colectivo, que encontraron su expresión más notable en la sanción de la Ley de Víctimas. Distintos trabajos muestran que las noticias policiales suelen adoptar la mirada del ciudadano-víctima como propia e incluso como línea editorial del medio (Martini, 2009). En ellas se tratan los delitos cometidos sobre o por miembros de los sectores sociales medios o altos tradicionales, que llegan a las agendas mediáticas con modalidades discursivas diferentes de las utilizadas en los crímenes que implican a personas comunes, preferentemente humildes. La focalización en la víctima, así como el seguimiento de la cobertura, tienen lugar de manera preferente si aquella reúne determinadas características para considerarse de clase media o alta (Focás y Galar, 2017). Pero más novedosa que el apoyo de los medios de comunicación a las víctimas de la inseguridad es la alianza de este colectivo con el gobierno nacional. Más concretamente, entendemos que en la negación a responsabilizar por la inseguridad exclusivamente al gobierno nacional y en la aprobación de la Ley de Víctimas con promoción del oficialismo, se evidencia el carácter de interlocutores privilegiados con el gobierno nacional logrado por (u otorgado a) este grupo. “Están dadas las condiciones para que nos escuchen, ya lo están haciendo. Que nos envíen algunos proyectos de ley para que estemos al tanto de las iniciativas, eso es un avance. En este tema no puede haber oficialismo y oposición”, declaró Píparo ante la prensa (Di Nicola, 8 de octubre de 2016).
El antecedente de esta ley se encuentra en la iniciativa realizada bajo el lema “Para que no te pase”, que mostró una capacidad de convocatoria moderada frente a reclamos disímiles. Amparados en cierta mesura, expresada en frases como “no somos familiares en búsqueda de venganza, no creemos en la justicia por mano propia, somos ciudadanos de derecho”, los familiares volvieron a posicionar la inseguridad en la agenda pública y mediática. Y también en la agenda política, en tanto a partir de entonces funcionarios y legisladores comenzaron a manifestar intenciones de reformar el Código Procesal Penal en la dirección promovida en las afueras del Congreso de la Nación.
Conclusiones
El artículo procuró un abordaje exploratorio de la centralidad otorgada a ciertas víctimas como una expresión de las reconfiguraciones en el procesamiento público del problema de la inseguridad en la actual coyuntura política nacional, iniciada en 2015 a partir de la llegada al gobierno nacional de Cambiemos. Dimos cuenta de que la inseguridad, si bien no ocupa el primer lugar dentro de los problemas que la opinión pública señala como más importantes, persiste como una preocupación cotidiana que manifiesta presencia en la agenda mediática y política. A su vez, entendemos que, en este proceso de confluencia entre actores políticos y sociales, además de la sintonía ideológica del gobierno de Mauricio Macri con el paradigma represivo, es fundamental la crisis económica. En otras palabras, la inseguridad constituye para el macrismo un terreno donde puede mostrar acción y resultados en una situación de hondo malestar económico. En este sentido, la eliminación de ministerios realizada en el contexto de esta crisis en agosto de 2018 muestra la importancia adquirida por la cartera de Seguridad: pese a tratarse de un ministerio relativamente nuevo, creado en 2010 luego de la represión en el Parque Indoamericano,[14] sobrevivió al recorte, en detrimento de otros, como el Ministerio de Trabajo, con una tradición de décadas en el organigrama gubernamental.
A lo largo del trabajo, mostramos el recorrido público de un grupo formado por víctimas que, entendemos, se erigieron como enunciadores privilegiados del problema de la inseguridad, entre otras cosas, por haber logrado materializar sus demandas en la sanción de la Ley de Víctimas. En una lectura diacrónica, el antecedente inmediato lo constituye la marcha convocada bajo el eslogan “Para que no te pase”, que aglutinó distintos reclamos vinculados con tal problema. Ahora bien, ¿quiénes fueron las víctimas reclamantes en esta ocasión?, ¿en qué consistían sus reclamos?, ¿cómo afectó el contexto político caracterizado por el cambio de aire ideológico? La amplitud de la convocatoria, la diversidad de las víctimas, el poco ruido producido por esta confluencia constituyen evidencias de que el problema de la inseguridad, al tiempo que cobró potencia, expandió su sentido más allá del delito urbano.
Desde esa marcha convocada en octubre de 2016 hasta la sanción de la Ley de Víctimas en junio de 2017, los integrantes del colectivo lograron posicionarse en la arena pública como enunciadores privilegiados del problema de la inseguridad. La negativa a responsabilizar por la inseguridad a la gestión de Cambiemos y la promoción de sus pedidos en el ámbito legislativo por parte del oficialismo expresan una novedosa alianza entre actores políticos y sociales vinculados con la demanda de seguridad. De esta manera, dos procesos novedosos para el contexto local se producen en paralelo. Por un lado, las víctimas de la inseguridad, si bien retienen la voluntad de constituirse como propietarios del tema, renuncian al establecimiento de soluciones; en este caso, a enunciar cómo debería diagramarse la política de seguridad. Depositan en la política no solo la responsabilidad por el problema, sino también la forma que debe adquirir la solución. Por este motivo, las demandas son generales (“que las víctimas sean escuchadas”, por ejemplo) y enfocadas en la victimización antes que en la inseguridad (“tener mayor espacio en el proceso judicial”, “queremos una justicia justa”, por ejemplo). A su vez, como correlato, este grupo de víctimas, al tiempo que adquiere mayor interlocución con el gobierno, logra ingresar en el Estado mediante sus vínculos con Cambiemos. Una expresión cabal de este proceso, por cierto, es la candidatura (por cierto, exitosa) de Carolina Píparo a legisladora por la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2017 en el marco de la alianza oficialista. Otra, menos visible, es la incorporación de María Luján Rey como asesora de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, también perteneciente a Cambiemos. La integración de los referentes del grupo en la organización no gubernamental oficialista Usina de Justicia, cuyos objetivos son “recuperar una justicia justa que contemple a las víctimas” y “trabajar contra la impunidad”, según expresa la presentación institucional en su página web, es otro canal de comunicación institucional (Usina de Justicia, 2017). Estos procesos, por cierto, resultan novedosos para el caso argentino.
Este trabajo estuvo guiado por la perspectiva teórica de la sociología de los problemas públicos, en especial, por algunos conceptos propuestos por Gusfield (2014). Consideramos que esta propuesta teórica ofrece herramientas conceptuales productivas para analizar los movimientos de actores en el ámbito público, así como las reconfiguraciones de los problemas públicos ocurridas en lapsos temporales relativamente cortos. En concreto, resulta interesante observar cómo este grupo de víctimas se posiciona como un actor con poder de interlocución privilegiado con los actores gubernamentales y mediáticos, mientras que los actores portadores de otros discursos, por ejemplo, aquel que critica el enfoque meramente represivo, no son convocados por el gobierno de Cambiemos o bien son confrontados directamente en la disputa pública. En este escenario, los medios de comunicación ocupan un lugar relevante en la agenda pública como “enunciadores privilegiados” de la reconfiguración del tema, pero no en un rol omnipotente o totalizador, sino en interrelación con otras dimensiones de la esfera pública.
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1. Una encuesta recientemente publicada por la Universidad Católica Argentina asegura que, durante 2017, en uno de cada tres hogares al menos uno de sus miembros fue víctima de un delito. Además, entre 2010 y 2017 el sentimiento de inseguridad estuvo, en promedio, arriba del 80% (Muratori, 2017).
2. El 8 de diciembre de 2017, el agente de la policía local de Avellaneda Luis Chocobar mató a Pablo Kukoc, de 18 años, luego de que este hubiera apuñalado al turista estadounidense Joe Wolek para robarle una cámara de fotos en el barrio porteño de La Boca. El accionar del policía fue respaldado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes lo recibieron en Casa de Gobierno para expresarle su apoyo. “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos”, le dijo el mandatario en ese momento. Luis Chocobar, quien espera el juicio en libertad, volvió a sus funciones en agosto de 2018, aunque fuentes policiales afirmaron que “nunca dejó de trabajar” (Caso Chocobar: la Corte Suprema rechazó un recurso y el policía irá a juicio oral, 30 de octubre de 2018).
3. El registro en prensa que conforma el material de análisis de este artículo incluye 21 piezas periodísticas del diario La Nación, 32 de Clarín, 12 de Infobae y 5 de Página/12.
4. Para Simon (2012), tanto la experiencia como la posibilidad imaginada de la victimización redefinieron desde fines de los sesenta el consenso en torno a la actividad legislativa en Estados Unidos. Su tesis del gobierno a través del delito sostiene que la víctima del crimen y el delincuente nutrieron una racionalidad que se extendió a otros problemas de gobierno. Para este autor, la víctima del delito constituye el eje actual de la racionalidad en el dictado de leyes en Estados Unidos. Ella es la última en un largo desfile de sujetos legales idealizados, siguiendo al pequeño propietario rural, el esclavo liberto y el obrero. Gobernar a través del delito implica apelar a una narrativa de las víctimas que evidencia gran poder de convicción sobre el ciudadano tipo: estar “a favor de la gente” es defender a las víctimas.
5. Axel Blumberg tenía 23 años en marzo de 2004, cuando fue secuestrado y asesinado por sus captores. En la ciudad de Buenos Aires se realizaron multitudinarias marchas para exigir el esclarecimiento del caso, mayores controles por parte de la policía y cambios en la legislación penal.
6. El petitorio difundido por Juan Carlos Blumberg demandaba: 1) una ley que reprimiera la portación de armas con pena de prisión no excarcelable; 2) una ley que obligara al registro público de los teléfonos celulares; 3) mejoras en el sistema de documentación personal; 4) aumento de penas para los delitos de homicidio, secuestro y violación; 5) modificación de las penas en caso de producirse dos o más hechos; 6) el carácter perpetuo de las cadenas perpetuas y 7) la reeducación de los condenados a presión a través del trabajo. Sobre el proceso de aprobación de las “leyes Blumberg”, ver Calzado (2008) y Van Den Dooren (2008).
7. El denominado “Caso Píparo” se desencadenó en 2010 como derivación de un asalto que terminó con la muerte del hijo aún en gestación de una joven empleada pública embarazada que acababa de retirar dinero de un banco. El caso se nacionalizó rápidamente: los medios de comunicación realizaron una importante cobertura, los funcionarios políticos protagonizaron disputas y se articularon medidas de política pública orientadas a paliar la situación delictiva, en particular, las salideras bancarias.
8. Ángeles Rawson, de 16 años, desapareció el 10 de junio de 2013 en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), en la localidad bonaerense de José León Suárez. Las noticias sobre Ángeles Rawson fueron tema de agenda durante meses. El portero del edificio en el cual vivía la joven junto a su familia, Jorge Mangeri, fue finalmente juzgado como autor del crimen.
9. La “Tragedia de Once” fue un siniestro ferroviario ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 22 de febrero de 2012. En el accidente murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. El cuerpo de Lucas Menghini Rey, de 20 años, fue hallado entre los vagones del tren 60 horas después de ocurrido el accidente. Su madre, María Luján Rey, se erigió como una de las referentes familiares del caso.
10. El 17 de febrero de 1994, como producto de un incendio intencional en su domicilio, resultaron muertos los integrantes de un matrimonio, dos de sus hijos y un amigo de estos que se había quedado a dormir. El fuego había sido iniciado por un conocido de la familia, a quien el padre le debía dinero a causa de un préstamo. Matías Bagnato fue el único sobreviviente de la denominada “Masacre de Flores”.
11. “Es imprescindible que las penas sean de cumplimiento efectivo, ni un día de más, tampoco uno de menos. Es indispensable que el Estado cuente con un registro de víctimas y de hechos impunes, único modo de evaluar necesidades y estrategias de intervención. Es imperioso que se legisle para que las víctimas reciban una asistencia integral inmediata y sostenida. Es justo que la víctima o su familia tengan participación en todo el proceso penal”, expresó el documento elaborado por la organización.
12. Con facho, una derivación de fascista, se hace referencia popularmente en la Argentina a las personas que se encuentran alineadas ideológicamente con propuestas de la derecha política.
13. Jimena Adúriz es la madre de Ángeles Rawson (ver nota al pie 8).
14. En diciembre de 2010, varias familias con necesidades habitacionales críticas ocuparon un predio abandonado en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Parque Indoamericano. Su desalojo violento tuvo como consecuencia la muerte de 3 ocupantes y 5 heridos. Por el caso fueron procesados 42 miembros de la entonces Policía Metropolitana y la Policía Federal Argentina.
Argentina. Congreso de la Nación Argentina. (13 de julio de 2017). Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. [Ley 27.372].
Bauman, Z. (1999). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Best, J. (1999). Random Violence. How we talk about new crimes and new victims. Los Ángeles: University of California Press.
Calzado, M. (2008, noviembre). Institución parlamentaria y campañas de ley y orden: el fenómeno Blumberg y las reformas penales de 2004. Ponencia presentada en V Jornadas de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires, Argentina.
Carolina Píparo: “La culpa no es del médico, él lo hizo en defensa propia” (1 de septiembre de 2016). La Nación. Obtenido de https://www.lanacion.com.ar/seguridad/carolina-piparo-la-culpa-no-es-del-medico-el-lo-hizo-en-defensa-propia-nid1933614.
Caso Chocobar: la Corte Suprema rechazó un recurso y el policía irá a juicio oral (30 de octubre de 2018). Perfil. Obtenido de https://www.perfil.com/noticias/policia/luis-chocobar-juicio-matar-delincuente-exceso-del-cumplimiento-del-deber-policia-palabra.phtml.
Castel, R. (2003). La inseguridad social. Buenos Aires: Manantial.
Cerruti, P. (2015). Genealogía del victimismo. Violencia y subjetividad en la Argentina posdictatorial. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Christie, N. (1986). The Ideal Victim. En Fattah, E. (ed.). From Crime Policy to Victim Policy. Reorienting the Justice System (pp. 439-458). Londres: Macmillan.
Cohen, S. (2002). Folks Devils and Moral Panics. The creation of the moods and rockers. Nueva York: Routledge.
Di Nicola, G. (10 de octubre de 2016). Unidas, las víctimas se movilizan para exigir seguridad y justicia. La Nación. Obtenido de https://www.lanacion.com.ar/seguridad/unidas-las-victimas-se-movilizan-para-exigir-seguridad-y-justicia-nid1945235.
Familiares de víctimas, unidos contra el delito y la impunidad (7 de septiembre de 2016). Clarín. Obtenido de https://www.clarin.com/policiales/familiares-victimas-unidos-delito-impunidad_0_BJ11RRni.html.
Focás, B. y Galar, S. (2017). Inseguridad y medios de comunicación. Prácticas periodísticas y conformación de públicos para el delito en Argentina (2010-2015). Delito y Sociedad, 1(41), 59-76.
François, B. y Neveu, E. (1999). Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics contemporains. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
Fundación Alameda (6 de septiembre de 2016). Para que no te pase (Spot) [archivo de video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=Bj6HM2AGhKU.
Galar, S. (2017). Cuando la sangre no seca rápido. Muertes violentas como acontecimientos públicos. La Plata: EDULP.
Galar, S. (2018). Apuntes para una problematización de la práctica pública de los familiares de víctimas de la inseguridad en la Argentina de la última década. Dilemas. Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 11(1), 53-73.
Garland, D. (2005). La cultura del control. Barcelona: Gedisa.
Gusfield, J. (2014). La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Mañana se celebra en todo el país la marcha “Para que no te pase” contra la seguridad y la impunidad (10 de octubre de 2016). La Nación. Obtenido dehttps://www.lanacion.com.ar/seguridad/manana-se-celebra-en-todo-el-pais-la-marcha-para-que-no-te-pase-contra-la-inseguridad-y-la-impunidad-nid1945760.
Marcha por la inseguridad: “No es contra nadie, es a favor de la vida” (10 de octubre de 2016). Clarín. Obtenido de http://espectaculos.clarin.com/politica/Marcha-inseguridad-nadie-favor-vida_0_HySASNtA.html.
Martini, S. (2009). El delito y las lógicas sociales. La información periodística y la comunicación política. En Martini, S. y Pereyra, M. (eds.). La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política (pp. 21-40). Buenos Aires: Biblos.
Muratori, M. (2017). Inseguridad ciudadana en la población urbana argentina (2010-2016). Evolución, condicionantes y efectos sobre el bienestar subjetivo. Buenos Aires: Educa. Obtenido de http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/inseguridad-ciudadana-poblacion-muratori.pdf.
Oportuna ley para las víctimas (28 de junio de 2017). La Nación. Obtenido de https://www.lanacion.com.ar/opinion/oportuna-ley-para-las-victimas-nid2037605.
Perelman, M. y Tufró, M. (2017). Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central. Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales.
Pitch, T. (2009). La sociedad de la prevención. Buenos Aires: Ad Hoc.
Por unanimidad, Diputados sancionó la ley de protección de víctimas de delitos (21 de junio de 2017). Clarín. Obtenido de https://www.clarin.com/politica/cambiemos-consiguio-quorum-aprobaria-ley-proteccion-victimas_0_SybMXGOXZ.html.
Prieto Schorr, L. (6 de junio de 2018). El Estado comienza a proteger a las víctimas de delitos. Clarín. Obtenido de https://www.clarin.com/opinion/comienza-proteger-victimas-delitos_0_H1PWoRSeX.html.
Schillagi, C. (2006). La obsesión excluyente. Las movilizaciones sociales en torno a la cuestión de la (in)seguridad en Argentina durante el año 2004. Temas y Debates. Revista Universitaria de Ciencias Sociales, 12, 109-137.
Schillagi, C. (2011). Problemas públicos, casos resonantes y escándalos. Algunos elementos para una discusión teórica. Polis, 10(30), 245-266.
Simon, J. (2012). Gobernar a través del delito. Barcelona: Gedisa.
Soriano, F. (8 de octubre de 2016). “No queremos mano dura: queremos Justicia justa”. Clarín. Obtenido de https://www.clarin.com/policiales/queremos-mano-dura-justicia-justa_0_rk7-OlDA.html.
Sozzo, M. (2016). Posneoliberalismo y penalidad en Argentina (2003-2014). En Sozzo, M. (coord.). Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur (pp. 189-283). Buenos Aires: CLACSO.
Usina de Justicia (2017). Presentación institucional. Obtenido de https://usinadejusticia.org.ar/wp-content/uploads/2017/05/UJ.-presentacion-Institucional.pdf.
Van Den Dooren, S. (2008). Sensibilidades, violencia y ley. Análisis de las repercusiones de las emociones ciudadanas en los procesos de construcción de la legislación represiva del Estado argentino en 2004 [tesis de maestría]. Lomas de Zamora: Universidad de Lomas de Zamora.