Austral Comunicación
ISSN (e) 2313-9137 ISSN (I)
2313-9129
Volumen 7, número 1- Junio de
2018
La radio porteña y su estructura de propiedad:
análisis de las políticas de comunicación y de la estructura de una industria
analógica (1983–2016)
Agustín Eduardo
Espada
aeespada@gmail.com
Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Universidad
Nacional de Quilmes, Departamento de Ciencias Sociales, Programa de
Investigación “Industrias Culturales y Espacio Público”.
Recibido: 21 de
noviembre de 2017.
Aceptado: 6 de junio
de 2018.
DOI: https://doi.org/10.26422/aucom.2018.0701.esp
Resumen
La propiedad de
los medios de comunicación en Argentina es un objeto de estudio habitual entre
los trabajos que analizan la historia económico–política
de este sistema. El presente artículo se propone realizar un aporte en esta tradición
con la descripción y análisis de la estructura del mercado radiofónico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el retorno de la democracia (1983–2016).
El recorrido
propuesto incluye los procesos de compraventa de las sociedades licenciatarias de
las emisoras en relación directa con los cambios políticos que se sucedieron
con los distintos mandatos presidenciales incluidos en el intervalo estudiado.
El artículo comienza con la descripción de la situación política y mediática en
1983 para luego describir, en los sucesivos apartados, el comportamiento de
esta relación entre política, políticas de comunicación y estructura del
sistema radiofónico.
Más allá del
recorte realizado en la ciudad más importante de Argentina –económica y
demográficamente–, el estudio de estas emisoras es significativo ya que la
radio ha sido, desde sus inicios, un medio de comunicación que tiene como una
de sus características principales la centralización de la producción de
contenidos en la ciudad de Buenos Aires. De esta forma, buena parte de lo que
sucede en este mercado tiene su réplica en la estructura y en los contenidos
del sistema nacional de radiofonía.
El recorte
temporal de este estudio tiene como fundamento el retorno de la democracia en
Argentina, producido en 1983, como hecho inicial y el primer año de gobierno de
Mauricio Macri como momento de cierre, ya que permite la inclusión de distintos
gobiernos, modelos económicos, evoluciones tecnológicas y del mercado de medios
en general.
El objetivo de
este artículo es el de interpretar el comportamiento de los capitales que
participaron del mercado de radio porteño entre 1983 y 2016 en tándem con lo
sucedido en el ámbito político y económico. Así, se buscan relaciones que
muestren o descarten la incidencia de este proceso histórico en el escenario
actual de esta industria cultural.
Palabras clave: radio,
propiedad, Argentina, política.
The
Buenos Aires radio market and its property structure: An analysis of
communication policies and the structure of an analogue industry (1983–2016)
Abstract
Media ownership in Argentina is a
common object of study in investigations that analyze this system’s
economic–political history. The present article aims to contribute to this
tradition, offering a description and analysis of the structure of the radio
market in the Autonomous City of Buenos Aires since Argentina’s return to
democracy (1983–2016).
Our suggested itinerary covers the
trading processes undertaken by broadcasting licensee associations in relation
to the political changes and governments that succeeded each other during our
chosen interval. The article begins with a description of the political and
media situation in 1983. In later sections, it chronicles the relationship
between politics, communication policies, and the radio system’s structure.
Our focus on Argentina’s most
important city, both economically and demographically, and our study of this
city’s radio stations is significant. Since the very beginning, one of the main
features of radio, as a means of communication, has been its centralization of
content production in Buenos Aires. Therefore, much of what happens in this
market is then reflected in the structure and content of the nationwide radio
system.
Our time frame opens with
Argentina’s return to democracy in 1983 and closes, in 2016, with Mauricio Macri’s first year as the country’s president. This span of
thirty-odd years allows us to look at different governments, economic models,
technological developments, and at the media market in general.
The goal of this article is to
interpret the behavior of capital in the Buenos Aires radio market from 1983 to
2016, and understand how this relates to what happened
in the political and economic spheres. We seek to find relationships that
either demonstrate or refute the influence of historical processes in the
current state of this cultural industry.
Keywords: radio,
property, Argentina, policies.
A rádio porteña e sua estrutura de propriedade: análise das
políticas de comunicação e da estrutura
de uma indústria analógica
(1983–2016)
Resumo
A posse da mídia na Argentina é um objeto comum de estudo entre os trabalhos que analisam a história econômico–política desse sistema. Este artigo pretende contribuir nessa tradição com a descrição e análise da estrutura do mercado
de rádio da Cidade Autônoma de Buenos Aires desde o retorno da democracia
(1983–2016).
O percurso proposto inclui os processos de compra e venda das sociedades licenciadas das emissoras
em relação direta com as mudanças políticas ocorridas com os diferentes
mandatos presidenciais incluídos
no intervalo estudado. O artigo começa
com a descrição da situação política e da mídia em 1983 e descreve, nas sucessivas seções, o comportamento dessa relação entre política,
políticas de comunicação e estrutura
do sistema de rádio.
Além dos cortes feitos na cidade
mais importante da Argentina –econômica
e demograficamente-, o estudo
destas estações é
significativo porque o rádio tem
sido, desde a sua criação, um meio de comunicação
que tem como uma de suas principais características a
centralização de produção
de conteúdo na cidade de Buenos Aires. Desta
forma, muito do que acontece neste
mercado tem sua replicação na estrutura
e no conteúdo do sistema de rádio
nacional.
O período escolhido para este estudo tem como base o retorno da democracia na
Argentina, produzida em 1983, como o evento inicial e
o primeiro ano de governo
Mauricio Macri como momento de fechamento, pois permite a inclusão de vários governos, modelos econômicos, desenvolvimentos
tecnológicos e do mercado de mídia
em geral.
O objetivo deste artigo é interpretar o comportamento dos capitais que participaram do mercado de rádio
de Buenos Aires entre 1983 e 2016, em sintonia com o que aconteceu na esfera política e econômica. Assim, buscam–se relações que mostrem ou descartem a incidência desse processo histórico no cenário atual dessa indústria
cultural.
Palavras chave: rádio, propriedade,
Argentina, política.
Introducción
Analizar la
estructura de propiedad del sistema de medios en relación con las políticas de
comunicación de los distintos gobiernos es una práctica académica que cuenta
con un largo desarrollo en la Argentina. Este trabajo se plantea aportar a
estas investigaciones desde un objeto de estudio recortado: las radios de la
Ciudad de Buenos Aires en el período 1983–2016.
El mercado de
medios argentino encuentra diversos niveles de concentración de la propiedad
según cada industria pero un gran volumen de
centralización de la renta y de la producción (Becerra y Mastrini,
2017). De esta forma, conviven grandes conglomerados de empresas que participan
en todas y cada una de las industrias (radiodifusión, prensa, distribución de
contenidos, telefonía, conectividad) con pequeños privados (con y sin fines de
lucro) y empresas medianas que se focalizan en uno o dos sectores (por ejemplo,
radio y televisión).
A lo largo de su
desarrollo en la Argentina, la radio sostuvo y profundizó su carácter como
actividad esencialmente de privados, con la publicidad como principal fuente de
financiamiento y el Estado como agente controlador –además de productor de
contenidos con las emisoras estatales–. Sin embargo, como se verá en este
trabajo, el tipo de empresarios que se adueñaron de las emisoras cambió con el
correr de las décadas, de los gobiernos, de los avances tecnológicos y de los
intereses políticos.
El recorrido que
aquí se propone es el de analizar a la luz de los distintos cambios de
gobiernos la evolución de la estructura de propiedad del sistema radiofónico
porteño. En tándem, se enlistan decisiones de políticas de comunicación y
comportamientos (ventas, fusiones, adjudicaciones, delegaciones de explotación)
del sistema de FM y AM. La línea histórica tiene como marca de inicio el
retorno a la democracia en 1983 y como cierre en el primer año de gobierno de
Mauricio Macri en 2016.
El objetivo de este
artículo es describir el tipo de estructura de mercado que caracteriza a la
radio porteña actualmente a partir del análisis histórico de: la forma de
acceder a licencias, el tipo de empresarios que forman parte del sistema, la
estabilidad de la propiedad de las emisoras, la participación del capital
extranjero y, especialmente, la influencia del marco regulatorio (y sus
modificaciones) en su delineamiento.
La pregunta que
dispara este trabajo es: ¿cómo está estructurado el sistema radiofónico
porteño? Y en tándem: ¿por qué el sistema radiofónico tiene esta estructura?
Esta investigación
tiene algunas hipótesis previas que busca comprobar: el mercado de radio
muestra una gran sensibilidad a los cambios de gobierno en su estructura de
propiedad; el ingreso del capital extranjero a finales de la década de 1990
modificó de forma crucial el sistema; las políticas de comunicación protegieron
el accionar comercial frente a las demandas de comunitarios siendo la
compraventa de emisoras la única forma de acceso a una licencia; con el avance
de los años los empresarios dueños de las radios perdieron la especificidad
como radiodifusores.
El estudio de la
estructura de propiedad de las radios de CABA y su comportamiento es
significativo ya que desde sus inicios esta industria de la información y el
entretenimiento se constituyó como un sector donde lo sucedido en la capital
del país tenía y tiene una importancia significativa –tanto en los contenidos
como en la propiedad– para el resto del sistema nacional.
Esta investigación,
entonces, busca interpretar el comportamiento del capital nacional y extranjero
en el sistema radiofónico relacionado con el accionar de la política y las
políticas de comunicación.
La economía política y los estudios de propiedad
mediática
Los estudios de
Economía Política de la Comunicación y la Cultura (EPCC) se preocupan,
básicamente, por analizar las relaciones existentes entre el mercado, el Estado
y la sociedad. Se entiende, entonces, que el estudio de los medios de
comunicación debe contemplar la faceta de estos como organizaciones productivas
con fines y objetivos específicos (renta, servicio público, sociales). Al mismo
tiempo, estas organizaciones se insertan en un contexto en el que reina una
lógica económica, política, social y productiva que ordena, entre otras cosas,
los recursos disponibles. Es por esta razón que el estudio de la comunicación y
la cultura desde la EPCC busca evitar el economicismo y el culturalismo al
momento de trabajar estos fenómenos (Miege, 2008;
Gómez García y Sánchez Ruiz, 2011). Para esto, se realiza un trabajo
multifacético que incluye herramientas provenientes de la economía, la política
y la sociología.
La EPCC entiende,
entonces, que la producción de bienes y servicios de las organizaciones que
conforman el sector se produce en un marco económico determinado por relaciones
sociales y políticas (con el Estado). Se trata de un paradigma de estudio que
reconoce a la economía y a la política como determinantes de la actividad de
las organizaciones productoras de comunicación junto a las relaciones entre
estas, las instituciones, la cultura y las prácticas sociales (Kellner, 1998).
Las condiciones de
producción y las formas de valorización se ven así marcadas por un modelo
económico y político, el capitalismo, que moldea el escenario en el cual se
llevan adelante la producción y las prácticas culturales (Garnham,
2011). En definitiva, la EPCC se preocupa por entender la producción cultural
en un contexto con estructuras e instituciones que determinan cómo y quiénes
acceden a los recursos necesarios para la misma.
Así, la EPCC
adopta en su vertiente tradicional una postura crítica ya que se preocupa por
conocer y describir cómo el funcionamiento y la organización de la producción y
distribución de bienes y servicios culturales influyen en el sostenimiento de
la estructura capitalista y viceversa. Para Gómez García y Sánchez Ruiz (2011),
la EPCC centra su trabajo en el estudio de cuatro procesos: el desarrollo de
las industrias culturales, su mercantilización, la extensión de su rasgo
corporativo y la acción del Estado y los gobiernos en este sector.
Esta postura
crítica sirve principalmente para explicar cómo funciona el mercado de la
comunicación y la cultura. Este paso es constitutivo y clave para avanzar en su
modificación. Para Murdock (1998), esta explicación precisa de dos actividades
principales. La primera es comprender las dinámicas corporativas en las
condiciones contemporáneas y así detectar continuidades y rupturas. La segunda
implica conocer cómo operan las características y tendencias macroeconómicas en
la estructuración del sector.
En este último
punto se inserta el estudio del esquema de propiedad de los medios, en este
caso de la radio. El tipo de empresariado, el origen (geográfico y económico)
del capital y la actitud del Estado (medida a través de las políticas) forman
parte de las variables incluidas para la descripción de ese esquema. Las
políticas de comunicación, entonces, son entendidas como el resultado de un
proceso dinámico de interacción entre diversos actores, institucionales y no
institucionales, que persiguen variados intereses y recurren a mecanismos
formales e informales para influir sobre los procesos de regulación y sobre la
configuración de los sistemas de medios (Califano,
2015). Estas se componen de planes, programas, proyectos y no se agotan en la
regulación. Y en general están configuradas por el modelo de estado imperante
en cada momento histórico.
Del PLANARA a la parálisis
El Decreto Ley
22.285 fue sancionado en 1980 por el dictador Jorge Rafael Videla y rigió como
marco regulatorio de la radiodifusión hasta 2009 con diversas y numerosas
modificaciones. Entre otras cosas, su articulado establecía que el capital
extranjero y las organizaciones no lucrativas estaban impedidas de acceder a
licencias; que las empresas participantes debían tener a la radiodifusión como
actividad exclusiva en su objeto social; que las empresas de la industria
gráfica y editorial no podían acceder a licencias; y un límite de 20 personas
físicas para la conformación de sociedad comerciales. Más allá de esta
regulación, las radios y los canales de televisión permanecieron en manos del
Estado casi en su totalidad. Las excepciones fueron las AM Rivadavia, Del Plata
y Continental (Marino y Postolski, 2009).
Una de las
consecuencias de esa ley fue el Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA) que se
reglamentó por el Decreto 462/1981. Este plan consistió en un cronograma de
llamado a concurso para la adjudicación de licencias en manos del estado en
tres etapas diferentes.
En su primera y
única etapa, el PLANARA definió buena parte de la propiedad del ecosistema
radiofónico porteño. Hasta 1983 se adjudicaron seis emisoras en Capital
Federal: Mitre fue otorgada a Radiocultura S.A.
–dirigida por Julio Moyano quien se acercó al Grupo Clarín al endeudarse con el
Banco Mariva (Mochkofsky,
2011)–; Radio Argentina fue adjudicada a Radio Familia S.A. que contaba con el
semanario católico Esquiú; Antártica (AM 1190) quedó en manos de Desup SRL; Radio Del Pueblo (AM 1350) se adjudicó a
Radiodifusora Esmeralda S.A.; Difusora Baires se quedó con Radio El Mundo; y
Radiodifusora Buenos Aires con Radio Splendid. Según
describen y relatan Postolski y Marino (2009) en
todas estas empresas adjudicadas se encuentran puntos de contacto con las distintas
fuerzas militares, con sectores políticos que los apoyaban o con la Iglesia.
La presidencia de
Raúl Alfonsín (1983–1989) marcó el retorno de la democracia. Durante su mandato
el PLANARA fue suspendido y el acceso a licencias de radiodifusión quedó
estancado. Los intentos por sancionar una nueva ley de radiodifusión quedaron
truncos en el Congreso. La explosión de la frecuencia modulada como banda de
distribución de contenidos radiofónicos de una forma más económica junto a una
primavera expresiva registrada en distintos grupos sociales tras el retorno
democrático produjeron un aumento exponencial de interesados en instalar
emisoras. Dada la situación normativa y las políticas de comunicación del
momento, las radios surgieron al margen de la legalidad, entre ellas muchos
proyectos sin fines de lucro, comunitarios y alternativos. Así, el primer
gobierno democrático sostuvo la estructura de propiedad del sistema de medios
heredada y también su marco regulatorio. Según Getino
(1995), para 1990 existían más de 2000 radios sin autorización del Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) a nivel nacional (fig. 1).
Figura 1. Radios con licencia de la Ciudad de Buenos Aires en
1990[1].
De esta forma, la
estructura de propiedad del mercado radiofónico porteño contaba con una alta
participación del capital privado nacional. Los empresarios que ingresaron al
sector durante el proceso de privatización militar y permanecieron en gran
parte durante el alfonsinismo mostraban diverso grado de relación con la
actividad radiodifusora aunque pocos de ellos tenían
participación en otros mercados culturales. Además, ninguna de estas empresas
contaba con más de una licencia (que incluía un espacio en AM y otro en FM) por
lo que el mercado no se encontraba concentrado. Permanecieron en poder del
Estado algunas emisoras comerciales como Belgrano y Excelsior.
Los 90: de los grupos multimedia al capital extranjero
Carlos Menem
asumió la presidencia en 1989 y en sus primeros actos de gobierno modificó
vertiginosa y significativamente el marco regulatorio de la radiodifusión y,
como consecuencia de ello, la estructura de este mercado. Con la Ley de Reforma
del Estado 23.696, cambió el articulado del decreto ley de radiodifusión
vigente. Entre lo más importante de esta ley para la radiodifusión se encuentra
el llamado a privatizar todas las licencias de radios y canales en manos del
Estado (salvo las de los medios estatales, léase Radio Nacional, Canal 7 y
Radiodifusión Argentina al Exterior). Además, decretó que el pasivo total de
estas empresas a privatizar quedaba en manos del gobierno. Además, se modificó
el tope de tres licencias de para un mismo titular en distintas zonas de
cobertura; se abrió el mercado a empresas de gráficas; se permitieron
sociedades compuestas por otras sociedades; se eliminó la obligación de tener
como actividad principal la radiodifusión para las empresas licenciatarias; y
se abrió el número de socios posibles para las empresas participantes (Elíades, 2003).
Al mismo tiempo,
esta ley estableció un salvoconducto para la gran cantidad de emisoras de baja
potencia surgidas a partir del retorno de la democracia que no encontraban
forma de regularizar su situación. Por esta razón, el artículo 65 de esta ley
facultó al Poder Ejecutivo para dictar actos administrativos tendientes a
normalizar la situación de estos actores a la espera de una reforma del marco
regulatorio. Con este objetivo el PEN sancionó el Decreto 1357 (1989) donde se
creó un registro de emisores sin licencia de FM a los cuales se les otorgó un
Permiso Precario Provisorio (PPP). Más allá de este avance, la política
finalmente diseñada profundizó las brechas de acceso ya que solo se les
permitió empadronarse en este registro a los actores comerciales con fines de
lucro. A 2017 aún se encuentran vigentes, luego de procesos de declaración de
caducidad y transferencias, 27 PPP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Datos
provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM–).
Luego de los
cambios regulatorios introducidos por la Ley de Reforma del Estado, el mercado
radiofónico comienza un proceso de integración a grupos multimedios de
capitales principalmente nacional y con participación en los mercados de la
televisión, el cable y la prensa. La transformación fue profunda y mostró el
interés de grandes actores mediáticos por ingresar al mercado radiofónico.
Empresas como el
Grupo Clarín formalizaron su participación en distintas empresas licenciatarias
de radio. El proceso de privatización de medios en manos del Estado produjo la
adjudicación de las últimas dos AM comerciales de Buenos Aires: Belgrano y
Excelsior (Eliades, 2003).
El proceso de
compraventa de emisoras habilitado por las reformas regulatorias desembocó en
un esquema de propiedad que tuvo como protagonistas a los grupos multimedios
oligopólicos encabezados por los canales de televisión abierta, el sector más
favorecido por las privatizaciones menemistas. Hacia el año 1995, los cuatro
licenciatarios de los canales de televisión abierta tenían una o más estaciones
de radio.
Eduardo Eurnekián –dueño del diario El Cronista
Comercial y del Canal 2 de Buenos Aires, con inversiones en aeropuertos
y empresas petroleras– sumó a sus medios a las AM Del Plata y América y las FM
Aspen y Metropolitana. Alejandro Romay –titular del Canal 9 de televisión
abierta de Buenos Aires– tenía Canal 9 junto a Radio Libertad y FM Feeling. La Editorial Atlántida –empresa gráfica dirigida
por la familia Vigil que editaba las revistas Gente, Para Ti y Billiken, entre otras, y dueña del
Canal 11 de televisión abierta de Buenos Aires– se hizo dueña de la AM
Continental y FM Hit; El Grupo Clarín, dueño del radio homónimo y una
cableoperadora, propietario de Canal 13, se quedó con Radio Mitre y las FM 100 y
Top.
Además de estos
grandes actores de los medios de comunicación también incursionaron otros que
tendrían distinta suerte y trayectoria en la industria. En este momento
ingresan Amalia Fortabat –empresaria argentina dueña de la empresa cementera
Loma Negra que también era titular del diario de tirada nacional La Prensa–;
Alberto Pierri –dueño de la empresa de televisión por cable Telecentro, la
señal de noticias Canal 26 y diputado peronista–; la Red Celeste y Blanca
–integrada por diferentes empresarios de medios de todo el país (entre ellos
Daniel Vila, Orlando Terranova, José Luis Manzano –diputado nacional por el
peronismo entre 1983 y 1991, Ministro de Interior de Carlos Menem entre 1991 y
1992– y Carlos Ávila de Torneos y Competencias) que luego se convertiría en el
Grupo América– (fig. 2).
Figura 2. Radios con licencia o PPP de la Ciudad de Buenos Aires
en 1995.
Durante estos años
se vuelve común la práctica de tercerizar la explotación artística y comercial
de las emisoras de FM en manos de los licenciatarios de AM. Estas empresas
encontraban dificultades para producir contenidos en esta nueva frecuencia sin
tener claro si sería redituable. Así, la FM comienza a
llenarse de contenidos y apuestas nuevas con la oxigenación que le dan
distintos productores. Fueron los casos de Marcelo Tinelli en la FM de Radio
Del Plata, Daniel Grinbank en las de Radio Buenos
Aires y Splendid, o Marcelo Morano en Radio
Rivadavia.
De esta forma, el
primer mandato de Carlos Menem culmina en 1995 con un esquema de propiedad con
actores multimediáticos, con participación en diversas actividades económicas (Eurnekián, Vila y Manzano o Fortabat). Sin embargo,
comienza a observarse una estrecha relación entre empresas beneficiadas por las
privatizaciones y el gobierno, que se profundizará en el segundo mandato.
Además, la participación del Grupo América y su participación del mercado con
cuatro radios –primer registro de esa cantidad de emisoras en el período
estudiado– es un antecedente clave en el futuro desarrollo del mercado.
La escenografía de
grandes grupos multimedios de capitales nacionales gestionando emisoras en la
Ciudad de Buenos Aires se modifica durante la segunda presidencia de Carlos
Menem (1995–1999) al calor de nuevas modificaciones regulatorias (fig. 3).
El decreto ley de
radiodifusión impedía la participación de capital extranjero en la conformación
de las sociedades licenciatarias. Esto fue modificado paulatinamente con la
firma de distintos tratados de inversiones recíprocas firmados entre 1991 y
1994 con Estados Unidos, Países Bajos, Italia y Francia. A través de esta
herramienta de comercio internacional, que adquirió rango constitucional en la
reforma de 1994, los capitales extranjeros ingresaron rápida y voluminosamente
al mercado de medios de comunicación –entre otras industrias– (Eliades, 2003).
En 1999, a través
de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), se modificó nuevamente el Decreto
Ley 22.285 en su tope a la cantidad de licencias por licenciatario. Gracias a
esta modificación, el límite pasó de 4 a 24 en todo el territorio nacional, se
legalizó la situación de los principales grupos multimedios del país (Clarín y
Telefónica principalmente) que ya superaban el tope impuesto por la regulación
existente. Además de esta modificación, el DNU Nº
1005/99 autorizó la transferencia de las licencias y liberó el cepo
publicitario para todas las emisiones (Postolski,
Santucho y Rodríguez, 2002).
Las
características de este período se corresponden con la segunda etapa de la
década de 1990 marcada por Albornoz y Hernández (2009), en la que se produce el
crecimiento de la participación del capital financiero trasnacional y la
adquisición de empresas nacionales de radiodifusión por parte de grupos
multinacionales. En esta etapa, las empresas de radiodifusión comienzan a
fusionarse con capitales provenientes de las telecomunicaciones y los fondos de
inversión; la radiodifusión se “financieriza”.
La radio también
cae en manos extranjeras que, a la inversa de lo manifestado en procesos
anteriores, concentran mayor cantidad de licencias. La transformación de los
actores participantes no es exclusiva del mercado de la radio, tampoco del
audiovisual, aunque su accionar es notorio.
La introducción
del capital extranjero se produce a través de los siguientes actores:
1.
CEI–Telefónica:
de capitales españoles, norteamericanos y argentinos[2] (El grupo
Moneta será el principal accionista del CEI, 28/5/98) este grupo compró el 60%
de las acciones de la Editorial Atlántida de la familia Vigil
y así, a través de la firma AtCo (Atlántida
Comunicaciones) se hizo cargo de sus medios hasta que en 1999 esta sociedad se
rompió y Telefónica se quedó con la totalidad de las unidades de negocio
(López, 21/11/2012);
2.
Emmis
International Communications Corp
–de capitales estadounidenses, esta empresa de radiofonía compró en 1999 las
emisoras de Daniel Hadad (FM News y Radio 10)–;
3.
Grupo CIE
–de capitales mejicanos, la Corporación Interamericana de Entretenimientos tuvo
como socio estratégico a Daniel Grinbank que poseía y
gerenciaba varias frecuencias FM, en 1997 adquirió Rock & Pop, Splendid, la productora DG y otras radios AM que lo
posicionaron como el principal actor del mercado (Anselmi y Courau,
2014);
4.
Torneos y
Competencias –de capitales estadounidenses y locales[3].
Figura 3. Radios con licencia o PPP de la Ciudad de Buenos Aires
en 1995.
Por otro lado,
también surgen empresarios o conglomerados locales asociados a capitales
extranjeros como el Grupo Exxel –fondo de inversión
que tuvo su nacimiento, auge y extinción durante el gobierno de Carlos Menem,
gestionado por empresarios argentinos y financiado por empresas multinacionales
como la General Electric, Rockefeller, Ford y la Welcome
Trust entre otras firmas– (Para el grupo Exxel, crear
valor es el mejor negocio, 8/12/1996); el Grupo Clarín –en 1999 vendió el 18% de
sus acciones al fondo de inversiones norteamericano Goldman Sachs en una guerra
de expansión comercial (de la televisión por cable)–.
En estos años
también se sumaron al éter porteño Cadena 3 (FM 99.1), la Universidad de Buenos
Aires (FM 87.9), la Universidad de Belgrano (FM 90.9), la Policía Federal (FM
99.5), el Ejército (FM 87.5) y el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires
(entre 1991 y 1999 conseguiría seis autorizaciones para FM a las que sumaría
una séptima en 2001).
Una de las
últimas, y más polémicas decisiones del menemismo en materia de radiodifusión
fue el otorgamiento de cientos de licencias de radios AM y FM en todo el país a
través de concursos públicos. En la CABA se otorgaron 24 licencias de FM en
este proceso. Todas estas adjudicaciones fueron revisadas por el gobierno
entrante de Fernando De La Rúa y, en el caso porteño, la totalidad de las
licencias fueron revocadas por irregularidades en el proceso de adjudicación
(El Comfer anuló 275 licencias de FM y habrá nuevos
concursos, 22/09/2000).
Devaluación y después, de la Alianza a Kirchner
El tercer período
de este trabajo está comprendido por los gobiernos de Fernando De La Rúa
(1999–2001), el período de crisis institucional de 2001, y las presidencias de
Eduardo Duhalde (2002–2003) y Néstor Kirchner (2003–2007) (fig. 4). Las
políticas de comunicación de esta etapa pueden ser caracterizadas como de
sostenimiento y protección de los principales actores del mercado ante su
crisis económico–financiera. En materia radiofónica se registra un fuerte
cambio de nombres en la propiedad de las emisoras y una ley que habilita y
reconoce el derecho de los actores sin fines de lucro a participar de este
mercado.
Tres rasgos pueden
caracterizar las políticas de comunicación del gobierno de De
La Rúa: persecución a emisoras no legalizadas durante los gobiernos
precedentes; influencia de los principales grupos de comunicación (Telefónica,
Clarín, CIE y América) para mejorar las condiciones regulatorias en un marco de
recesión económica y grandes niveles de endeudamiento, y, por último, el
debilitamiento de los medios estatales (García Leiva, 2009).
La crisis
económica, social y política del año 2001 puso a los grandes grupos de
comunicación en una situación de fragilidad frente a grandes deudas tomadas
para su expansión en la década pasada. Así, recurrieron al Estado para lograr
ayudas que protegieran sus activos frente a posibles procesos de quiebra. La
imagen era la de empresas endeudadas en dólares, con ingresos pesificados y
devaluados y regresiones tanto en el consumo como en el mercado publicitario
(Baladrón, 2009).
Estos grupos
empresarios lograron que los gobiernos siguientes al de Fernando De La Rúa
–Eduardo Duhalde (2002–2003) y Néstor Kirchner (2003–2007)– encadenaran una
serie de medidas, decretos y otras regulaciones que volvieron posible la
conservación del statu quo (Califano,
2009).
Entre 2002 y 2007
se estableció un régimen de facilidades de pago de multas con la posibilidad de
canjearlas por pauta oficial (Decreto 2362, 2002); se eliminó el mecanismo de cram down[4] (Ley 25.563, 2002) de la Ley de Concursos y Quiebras,
aunque luego fue restituido por un pedido del FMI; se adjudicó de forma directa
la FM 97.5 de alta potencia en CABA a Daniel Hadad y la FM 106.9 a una empresa
de Mario Pergolini[5] (Cuatro
Cabezas) por concurso (Decreto 293, 2005); se sancionó la Ley de Preservación
de Bienes y Patrimonios Culturales 25.750 (2003), que puso tope al ingreso de
capital extranjero en empresas de producción cultural e informativa y las
excluye del mecanismo de cram down; se suspendió del
otorgamiento de pliegos para obtener licencias de TV por cable (COMFER,
Resolución 1172, 2003); se renovaron las licencias a Canal 2 (COMFER,
Resolución 952/2002), Canal 11 (COMFER, Resolución 1837, 2004) y Canal 13
(COMFER, Resolución 1326, 2004) y se autorizó la venta de Canal 9 de Telefónica
a Daniel Hadad; se suspendió el cómputo de plazos de licencias de radiodifusión
por diez años (Decreto 527, 2005); se habilitó el desdoblamiento de las licencias
de AM y FM (Decreto 703, 2005).
Por otro lado, se
lanzaron normativas que modificaron las condiciones de acceso de distintos
sectores a la radiodifusión. Ejemplo de ello fueron la reserva de un canal de
televisión abierta y una radio AM para cada provincia y una FM para cada
municipio (Decreto 1214, 2003) y la modificación del Decreto–Ley de
Radiodifusión que habilitó el ingreso y participación en el mercado de la
radiodifusión a organizaciones sin fines de lucro (Ley 26.053, 2005). Luego de
esta ley, se sancionó la Resolución del Comfer 753
(2005), que otorgó reconocimiento legal (no licencias) a cuatro emisoras en
CABA de un total de 126 en todo el país.
Los actores
locales que suman o crecen durante el primer gobierno de Néstor Kirchner
tuvieron como rasgo en común los beneficios obtenidos durante el gobierno de
Carlos Menem y la continuidad de estas buenas relaciones con el nuevo gobierno
peronista. Daniel Hadad, Daniel Vila, José Luis Manzano y Raúl Moneta son un
símbolo de la época.
Daniel Hadad
recompró las emisoras vendidas a los estadounidenses de Emmis
(FM Mega y Radio 10) que emigran del país por la caída de la rentabilidad
posterior al 2001. Estas emisoras habían sido adjudicadas en un problemático
concurso por tratarse de frecuencias ocupadas por el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (Bonasso, 7/7/2002). En 2003 el mismo
empresario había sido beneficiado por la adjudicación directa de la FM 97.5[6] mientras
que en 2004 adquirió FM Amadeus (103.7, posteriormente sería Radio TKM) y FM
Pop (al alquilar la frecuencia modulada de AM La Red en manos de Clarín).
Figura 4. Radios con licencia o PPP de la Ciudad de Buenos Aires
en 2000.
Daniel Vila y José
Luis Manzano compraron el 60% de las acciones de AM 910 La Red (Inminente
ingreso de Narváez en América TV y en La Red, 17/6/2005; Carlos Ávila le compra
a Torneos y Competencias el 100% de La Red, 12/1/2004) a través de AISA (Ávila
Inversora) para sumar una unidad de negocio radiofónica y porteña al Grupo Uno,
con fuerte penetración en el mercado mediático cuyano. Manzano había sido
diputado peronista hasta 1991 y ministro de Interior del gobierno de Carlos
Menem.
En 2005, el Grupo
CIE firmó un compromiso de desinversión con el COMFER para vender las ocho
emisoras porteñas con las que contaba (Respighi,
24/1/2008). Este proceso finalizaría en 2010, y una de las primeras ventas fue
la de la AM 950 Belgrano que pasó a manos del empresario Raúl Moneta, exdueño
del Banco República, en 2004 (CIE reactiva las negociaciones para vender Splendid y América, 14/4/2005). El mismo grupo vendió en el
año 2003 la AM Del Plata a la productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur, que
ya alquilaba la frecuencia modulada de Rivadavia para su FM Uno (Marcelo
Tinelli le compra Radio Del Plata a CIE, 24/11/2003; Tinelli dirigirá la FM de
Radio Rivadavia, 6/11/2003).
Además de estos
actores, en 2001 se produjo el ingreso de la multinacional Disney al mercado
radiofónico de FM. Asociada al productor–empresario local, Gustavo Yankelevich,
la empresa estadounidense tomó el control artístico de la FM 94.3 de Radio El
Mundo. Otro de los actores internacionales que hizo su entrada al mercado
radiofónico fue el Grupo Prisa. En 2004 compró las emisoras de Telefónica en el
país, AM Continental y FM Hit (Prisa logra un fallo que destraba la compra de
Radio Continental, 7/4/2005). Este grupo, también español, es dueño de
numerosos diarios en el país ibérico –entre ellos El País–,
de la editorial Santillana y de cadenas de radios en todo el continente
americano –Chile, Colombia, México, Costa Rica, entre otros–.
En este momento
también ingresaron al mercado de las FM algunos actores nuevos y otros ya
conocidos. La productora Cuatro Cabezas, de Mario Pergolini, se adjudicó la
frecuencia 104.3 (Pergolini mueve el dial porteño de FM, 26/9/2005) para
instalar allí su FM X4. Daniel Grinbank rompió su
contrato de exclusividad con el Grupo CIE para lanzar en el 107.9 Radio Kabul,
y Federico Bonomi, de la empresa textil “Kosiuko”,
incursionó en la radiodifusión con un proyecto multiplataforma que no tuvo
éxito (Kosiuko, el poder de las marcas, 11/7/2003).
La LSCA y los herederos de CIE (2007–2015)
Los ocho años de
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner están partidos entre 2007–2009 y
2010–2015. La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522
(en adelante, LSCA) en octubre de 2009 es uno de los acontecimientos más
relevantes de la historia de las políticas de comunicación argentinas.
El tiempo previo a
su sanción marca una línea de seguimiento con la presidencia de Néstor
Kirchner, en la que los actores privados comerciales no tuvieron impedimentos
para accionar libremente en el mercado de los medios de comunicación. Así, en
2007 se produjo el ingreso del mejicano Ángel “El Fantasma” González[7] con la
compra de Canal 9 a Daniel Hadad. En 2008, el Grupo Electroingeniería
–con la industria energética como principal actividad económica– compró Radio
Del Plata a Marcelo Tinelli (Los secretos de la venta de Del Plata, ahora radio
K. 15/11/2008). Otro empresario que entró al mercado antes de la sanción de la
LSCA fue Sergio Szpolski, quien comenzó como gerente
comercial de Del Plata, para quedarse en 2009 con las radios Aspen (FM 102.3) y
América (AM 1190).
La LSCA fue
sancionada en octubre de 2009 y entre las principales cambios que introdujo a
la regulación de la actividad radiofónica pueden mencionarse las siguientes:
impedir la propiedad cruzada con licenciatarios de telecomunicaciones; reserva
del 33% del espectro radioeléctrico para actores sin fines de lucro; tope de 10
licencias por sociedad a nivel nacional y otro de 2 licencias de FM y una de AM
en la misma zona de influencia en ciudades con mayor oferta de emisoras;
declaración de instransferibilidad para las
licencias, e indelegable su explotación; límite en el 30% de la participación
del capital extranjero dentro de las empresas de radiodifusión excepto para
aquellos países con tratados de reciprocidad (Becerra, Marino y Mastrini, 2011).
Desde su sanción,
la ley atravesó distintos y sucesivos procesos de judicialización por parte de
los principales grupos afectados por sus artículos, en especial por el Grupo
Clarín, hasta que en 2013 la Corte Suprema de Justicia Nacional declaró la
constitucionalidad de todo su articulado.
Previo a la
vigencia completa y total de la ley se produjo un fuerte proceso de compraventa
de emisoras de radio provocado por la retrasada salida del Grupo CIE (fig. 5).
Por un lado, a comienzos de 2010, el grupo mexicano vendió sus licencias en AM
(Splendid) y FM (Metro, Rock & Pop, San Isidro
Labrador y Blue) a una sociedad encabezada por Raúl Moneta y Matías Garfunkel (El exbanquero Raúl Moneta se queda con Metro y
Rock & Pop. 22/5/2010), quienes ya contaban con la AM Belgrano. Por otro
lado, vendieron AM América y FM Aspen a Grupo Veintitrés en 2009 (El Grupo Szpolski se quedó con las radios América y Aspen,
20/2/2009) y este, tras un breve período, vendió la segunda licencia al dueño
de Canal 9: Ángel González.
El Grupo Prisa y
Disney también ampliaron su participación dentro del mercado. Estas cadenas con
fuerte penetración en toda Latinoamérica se expandieron con la compra de la FM
104.3 en manos de Cuatro Cabezas por parte de Prisa para instalar una
repetidora de Radio Continental, y el alquiler de la FM 107.9 por parte de
Disney para lanzar la radio deportiva ESPN (Agustín Pichot se asocia a ESPN
para ingresar al negocio de los medios. 5/2/2010). Luego de un conflicto con el
COMFER, Prisa lanzó en el nuevo dial de FM a la emisora musical Imagina (Respighi, 22/8/2008). Por su parte, Disney se asoció con
empresarios locales como había hecho con la compra de la FM 94.3 y la AM 1010,
Radio El Mundo. Esta última emisora fue comprada en 2005 por la agencia
publicitaria Devicom de Hugo de Martino (Devicom firma acuerdo por Radio El Mundo. 27/09/2005).
Figura 5.Radios con licencia o PPP de la Ciudad de Buenos Aires
en 2010.
El Grupo Indalo
compró todos los medios de Daniel Hadad, salvo Infobae, en 2012. El paquete
incluía cinco radios, entre las que se encontraban las más escuchadas en AM y
FM. Cristóbal López, titular del grupo comprador, tenía intereses en una larga
lista de actividades económicas (petróleo, construcción, finanzas, juegos de
azar). Además, adquirió otros canales de televisión y títulos de prensa diaria.
El período
comprendido entre los años 2011 y 2015 se encuentra marcado, en materia de
políticas de comunicación que afectan a la radiofonía, por la aplicación de la
LSCA y la distribución de pauta oficial realizada de manera arbitraria por cada
uno de los niveles del Estado (fig. 6).
En materia de
aplicación de la LSCA se encuentra que el fallo de la Corte Suprema de Justicia
declaró constitucional la totalidad del articulado en octubre de 2013. A partir
de entonces, la aplicación de la ley comenzó un camino de completa vigencia a
cuatro años de su sanción. Como indica Marino (2014), fueron pocos los
resultados “democratizadores” que se pudieron observar a partir de la fecha.
Las principales metas de la ley quedaron pendientes.
La publicidad
oficial es el otro factor que moldea y determina la estructura del sistema
radiofónico de Buenos Aires –y también a nivel nacional– entre 2010 y 2015.
Este instrumento sirvió de financiamiento a grupos mediáticos que resultaron grandes
beneficiados de este sistema de distribución de publicidad a pesar de no
contar, en muchos casos, con grandes volúmenes de audiencia. Fueron los casos
de Indalo, Veintirés, Albavisión
–con presencia fuera del país–, Electroingeniería y
Vila–Manzano (Crettaz, 31/3/2014). La pauta oficial
ascendió de 125.000.000 pesos en 2004 a 1.224.000.000 pesos en 2010 y
3.509.000.000 pesos en 2015 (Becerra, 2015). El Estado nacional es uno de los
principales aportantes al mercado publicitario argentino, y la forma en la cual
distribuye su presupuesto tiene efectos y consecuencias en el ecosistema
mediático. Durante este período, la radio se ubicó como la tercera plataforma
elegida para pautar por el gobierno nacional, detrás de la televisión y la
prensa gráfica.
Los pases de manos
fueron moneda corriente durante la última etapa del kirchnerismo, así como lo
muestra el análisis hasta aquí hecho sobre los períodos anteriores (fig. 6). En
2013, Raúl Moneta cedió a Matías Garfunkel las
licencias de FM Rock & Pop y la AM Splendid. Garfunkel se había asociado dos años antes con Sergio Szpolski para el armado del Grupo Veintitrés. En 2012, se
habían asociado con Mario Pergolini para lanzar la radio multiplataforma Vorterix Rock, que se montó sobre la FM de Radio Rivadavia
(103.1) que alquilaron, en contra de lo que la LSCA establecía, a Luis Cetrá.
Las radios de
estos grupos asistieron, en muchos casos, a un proceso de transmediatización
para llenar grillas de programación de canales de televisión digital creados
por las empresas titulares. Fue el caso de Radio Del Plata con el canal 360TV
de Electroingeniería, o el de Arpeggio
(del Grupo Albavisión) con otro canal homónimo de la
TDA.
Figura 6. Radios con licencia, PPP o reconocimiento en CABA en
2015.
El mercado
radiofónico porteño adquirió así una nueva forma de organizar su estructura y
de concentrar licencias. Estos grupos concentran buena parte del reparto de
publicidad oficial, suman canales de la Televisión Digital Abierta y están
dirigidos por empresarios ajenos a los medios (Cristóbal López en Indalo,
Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra en Electroingeniería,
Sergio Szpolski en Veintitrés, Jorge Brito en Radio
Belgrano); otros grupos con mayor trayectoria y poder como Clarín y
Vila–Manzano, así como también actores con presencia internacional, como Prisa,
Disney y Albavisión.
Por último, como
saldo de este proceso debe marcarse un tibio intento por regularizar al sector
no lucrativo de la comunicación y hacer cumplir el articulado de la LSCA. En
Buenos Aires, zona de conflicto para la radiodifusión, no se otorgaron
licencias a radios FM y solo dos para AM (Madres de Plaza de Mayo –530– y
Fundación Octubre –750–) en procesos irregulares. Al cierre del período, y en
la línea de continuidad con otras políticas hacia el sector, AFSCA otorgó un
reconocimiento a 140 emisoras, de las cuales 22 se encontraban en CABA. A cinco
de ellas que contaban con un permiso del año 2006, se les otorgó una
preferencia para la participación en futuros concursos.
Fin del kirchnerismo, ocaso y crisis
Las elecciones de
finales del año de 2015 dieron por ganador a Cambiemos, alianza política
liderada por Mauricio Macri, electo Presidente de la
Nación. Una de las primeras decisiones tomadas por el nuevo gobierno fue la
modificación del marco regulatorio de la comunicación mediante un decreto de
necesidad y urgencia a menos de un mes de la asunción.
El DNU 267
modificó parte central del articulado de la Ley Audiovisual sancionada en 2009.
Además, cambió artículos de la Ley Argentina Digital, de telecomunicaciones,
sancionada en 2014. En resumidas líneas, las modificaciones en el campo
audiovisual consistieron en la flexibilización de los topes a la concentración;
la habilitación para la compraventa de licencias; el permiso para que los
cableoperadores ingresaran en al mercado de las telecomunicaciones, y viceversa
–aunque esto recién a partir de 2018–; la flexibilización de los requisitos
para el establecimiento de redes de repetidoras tanto en radio como en
televisión; la creación de una nueva autoridad de control con mayor poder de
decisión presidencial, entre otras.
Estas
modificaciones regulatorias se suman a las decisiones tomadas en el plano de la
gestión de los medios públicos y de la distribución de publicidad oficial. En
el primer aspecto se revocaron y se renovaron todas las autoridades y
direcciones de Radio Nacional, de la Televisión Pública Argentina y de la
Agencia Télam. En el segundo aspecto, a mediados de 2016 la Jefatura de
Gabinete de Ministros sancionó una resolución
autorregulatoria que establece, entre otras cuestiones, cuatro principios o
criterios para la distribución de publicidad oficial.
Esto último fue un
factor clave para la modificación de la estructura de buena parte del sistema
radiofónico porteño. Los cuatro criterios establecidos fueron la audiencia, la
pertinencia del mensaje, la zona geográfica cubierta y la pluralidad de voces
junto al federalismo. Más allá de estas determinaciones, la distribución de la
publicidad oficial continuó la lógica de premiar a líneas editoriales
oficialistas y castigar a las críticas. Los medios del Grupo Indalo y del Grupo
Octubre (entre los más beneficiados durante el kirchnerismo) recibieron menor
pauta a la destinada a medios con similar cantidad de audiencia o menor. Los
medios adictos a estos fondos durante el kirchnerismo, y otros no tanto, pronto
ingresaron en un escenario de crisis económica y política.
Por un lado, el
Grupo Veintitrés fue el primero en vaciar sus medios y darse a la fuga. Radio
América fue reconcursada por el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), nuevo ente de control, y adjudicada a la Editorial
Perfil de Jorge Fontevecchia. Además, Perfil se hizo
de un PPP en FM. El 50% de las acciones de Vorterix
que pertenecían al Grupo Veintitrés pasaron a manos del Grupo Indalo. Además,
la FM Rock & Pop y la AM Splendid fueron
adquiridas por la productora musical Fénix Entertainment
Group.
Por otro lado, el
Grupo Prisa –Radio Continental, Imagina y Los 40– firmó una joint venture con el Grupo Albavisión
–Aspen, RQP y Arpeggio–, por el cual este último
controla comercial y artísticamente el grupo multi–radio más grande de la
ciudad. Otro cambio se dio con la venta de Radio Rivadavia. Luego de décadas,
Luis Cetrá vendió la AM y su FM al Grupo Whpei, que cuenta con otras radios en la ciudad de Rosario.
A finales de 2016, entonces, doce emisoras de radio de la Ciudad de Buenos
Aires habían cambiado su estructura de propiedad (fig. 7).
Figura 7. Radios con licencia, PPP o reconocimiento en CABA en
2016.
La nueva
configuración del sistema radiofónico porteño muestra que muchos de los actores
más beneficiados por las políticas kirchneristas se retiraron del mercado,
mientras los que sobreviven lo hacen con dificultades económicas y desmanejos
de sus dueños (Del Plata, La Voz de las Madres, Grupo Indalo). No se registró,
a finales de 2016, el ingreso de empresarios afines al actual gobierno. Sin
embargo, se encuentra que hay actores establecidos que han sido ampliamente
favorecidos por las decisiones del gobierno en materia de políticas de
comunicación (Clarín, Radio Cultura, Prisa-Albavisión,
La Red o Cadena 3).
Análisis y observaciones finales
Este artículo se
propuso un trabajo descriptivo y analítico de la estructura del mercado
radiofónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que combinó distintos
elementos de la economía–política de la comunicación: estudio de las políticas
de comunicación y análisis de la concentración y el tipo de actores titulares
de las licencias. Los resultados de este trabajo pueden sintetizarse en la
siguiente caracterización.
Como rasgo central
del análisis, la caracterización y descripción de los cambios de propiedad, el
ascenso de nuevos actores, su tipo y la forma de acceso a licencias muestran un
mercado estratificado y ampliamente comercial.
Como muestra el
recorrido histórico, la compraventa de licencias ha sido la variable de ajuste
y cambio en el mercado. En los 33 años de la muestra no se reconcursaron
licencias, mientras que se concursaron (no sin polémicas) cinco licencias de AM
(dos durante el primer gobierno de Menem, una en el segundo y otras dos durante
el kirchnerismo), y 17 licencias de FM –sin contar los concursos anulados de
1999– (15 durante el menemismo, una durante el gobierno de Fernando De La Rúa y
otra durante el kirchnerismo). De ese total de licencias otorgadas o
autorizadas, seis fueron para la Iglesia Católica, dos para universidades (una privada),
una para el Ejército Argentino, una para la Policía Federal, diez para privados
comerciales y dos (AM) para sin fines de lucro. En tanto que del total de PPP
encontrados en la base de datos de ENACOM, solo dos están en manos de
organizaciones no lucrativas (La Tribu y la Red Cristiana), mientras que el
resto (19) están en manos de privados comerciales.
Se destaca que,
como concluyen numerosos estudios (Linares, Segura, Hidalgo, Kejval, Longo, Traversaro,
Vinelli, 2017; Marino, 2016; Becerra, 2015; Vinelli, 2015), las organizaciones
sin fines de lucro no avanzan de un nivel de reconocimiento o permiso en su
regularización. De una primera y larga etapa de impedimento regulatorio para el
acceso a licencias, que finalizó en 2006, se avanzó a una en la que la LSCA les
reserva el 33% del espectro, pero la autoridad de aplicación no avanza en la
apertura de concursos en aquellas zonas de conflicto con mayor demanda de
acceso a frecuencias.
En materia de
estabilidad/volatilidad de la estructura del mercado, el estudio sirvió para
destacar que solo nueve emisoras con licencia tuvieron los mismos dueños entre
2005 y 2016, y es el Grupo Clarín al frente de la FM 99.9 y la AM 790 el
propietario con mayor estabilidad. El promedio del sistema es tres dueños en los
últimos 20 años con picos de cinco y seis en los casos de AM Del Plata y FM
103.1 (Uno). Desde la segunda mitad de los años 90 hasta la actualidad es donde
mayor cantidad de cambios de propiedad se registran.
Los nombres de los
empresarios dueños de las radios cambian de acuerdo con el color político del
gobierno y a su relación con ellos. Así, mientras en el alfonsinismo el esquema
permanece tal como fue heredado, en el menemismo florecen nombres como
Editorial Atlántida, Eurnekián, Daniel Hadad, Vila–Manzano,
Amalia Fortabat, Alejandro Romay que van a mutar por empresas trasnacionales (Emmis, TyC y Grupo CIE) para el
fin de la década. El kirchnerismo va a tener un primer momento de colaboración
con empresarios establecidos (Moneta, Hadad, Tinelli) y con el correr del
tiempo facilitará el ingreso de jugadores afines alejados de la radiodifusión
como Indalo, Veintitrés, Brito, Octubre y otros más
ligados como Grupo Albavisión y Grupo Prisa (luego
enfrentados).
La participación
del capital extranjero en el mercado de radios con licencias tiene un pico
máximo entre los años 2000 y 2001 con 13 licencias controladas por Emmis (estadounidenses), CIE (mexicanos) y el
CEI-Telefónica (españoles, estadounidenses y nacionales). Esta cantidad merma
hacia 2015 cundo se encuentran seis licencias en manos extranjeras si se toma
de esta forma a los empresarios locales asociados a la cadena norteamericana
Disney.
Si bien el proceso
del alfonsinismo es el de menor concentración de emisoras, también se trata de
empresarios con poca trayectoria en el mercado de la radiodifusión (esquema
heredado). Durante el menemismo se puede registrar el ingreso de dos agentes
externos a los medios: Grupo Eurnekián y Amalia
Fortabat. Sin embargo, durante el kirchnerismo, y en especial en los últimos
dos gobiernos, es cuando se registra una mayor cantidad de empresarios por
fuera de lo medios que llegan a este sistema: Indalo (energía, casinos),
Veintitrés (comercios y finanzas), Moneta (banquero), Brito (banquero) y Electroingeniería (energía y obra pública).
Por último, el
trabajo verifica que el único sector que se encuentra frenado en su accionar
por el marco regulatorio es el sin fin de lucro, ya que los privados
comerciales concentran, desconcentran, venden, compran y extranjerizan la
propiedad del sistema sin tener respeto por él. El Decreto Ley de Radiodifusión
fue modificado en sucesivas ocasiones para avalar el accionar de los privados.
Aun cuando habilitó la propiedad extranjera, los privados lo sobrepasaron. Al
mismo tiempo, el articulado de la LSCA fue sistemáticamente incumplido, no solo
por las empresas sino también por las autoridades de aplicación.
......................................................
1. Todos los
gráficos son de fuente y elaboración propias.
2. El accionariado del grupo Citicorp
Equity Investments (CEI) se
dividía en 1998 entre el fondo de inversión norteamericano Hick,
Muse, Tate & Furst (HTM&F) (29,8%), el grupo
República de Raúl Moneta (37,7%), Telefónica Internacional (TISA) (5,75%) y el
Citi Bank (23,1%). Esta sociedad entre Telefónica y Citi nace con la
privatización de la empresa de telefonía nacional ENTEL donde la empresa
española se financió con fondos de la entidad financiera.
3. La empresa fundada por Carlos Ávila, de
origen paraguayo, pero con larga residencia en Argentina, tenía al año 2000
entre sus accionistas al fondo de inversión Hick,
Muse, Tate & Furst (HTM&F) que ostentaba un
20% de participación, a Telefónica de España –en su versión local Admira– con
el mismo porcentaje y a Liberty Media (de la estadounidense AT&T) con un
50%.
4. El mecanismo de cram down
implica que, vencido un plazo establecido en el proceso concursal de una
empresa, sus acreedores pueden hacerse de parte de su paquete accionario para
reestablecer acuerdos o cobrarse las deudas.
5. Mario Pergolini es un reconocido
conductor de radio y televisión de Buenos Aires. Lideró las audiencias de las
mañanas de la radio de FM con su programa ¿Cuál es? y marcó una época con el
ciclo nocturno CQC en televisión abierta.
Actualmente, y desde 2012, maneja su propia emisora, Vorterix
FM 92.1.
6. Daniel Hadad sumó una emisora FM (Vale
97.5) al comenzar en 2006 las transmisiones en la licencia obtenida en el año
2001 y que fue objeto de controversias, ya que se trataba de la última licencia
categoría A de la frecuencia modulada para la Ciudad de Buenos Aires. En sus
orígenes, esta licencia estuvo ligada a Radio Buenos Aires (AM 1110) pero con
la quiebra de la empresa titular (Radio Familia S.A.) volvió a manos del
Estado, que la adjudicó a una empresa ligada al empresario de medios (Polémica
por la concesión de una radio, 15/5/2003).
7. El grupo liderado por González, Albavisión, tiene canales de televisión y licencias de radio en
México y el resto de América Central, además de Chile, Paraguay y Ecuador,
entre otros países.
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